SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0456/2016-S2
Fecha: 09-May-2016
II.2.
II.2. Dentro del trámite de aprobación de planos, seguido por los hoy accionantes, Simona Quisbert Navarro y José Fernández Mamani, ante el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija; se emitió el informe técnico GU-1320/LO-389/GFY-081/2014; por el que, la Responsable de la Unidad de Lotes a.i., puso a consideración del Director de Ordenamiento Territorial del Municipio, la sustitución del informe GU-0450/LO-139/GFY-029/2014, que dispuso la procedencia de aprobación de los lotes “2, 3 y 4”, del manzano “B”, en favor de los impetrantes de tutela, previo el cumplimiento de las aclarativas consignadas en aquel (fs. 13 a 14); siendo que, los únicos lotes libres sin aprobar, correspondían a los lotes 4, 5 y 6 del manzano “B”, del plano de loteamiento “Yamil Mendoza (Aprobado 06/Febrero/2016)”, siendo ello coincidente con el informe técnico de catastro urbano, constando sobre posición de los lotes 4, 5 y 6, con los signados con los números 2, 3 y 4; concluyendo por ende, que el lote 2, pertenecía a Emeregildo Segovia Fernández y Nélida Fernández Romero de Segovia, según plano de lotes aprobado el 10 de octubre de 2007, y el lote 3, perteneciente a Omar José Vargas Romero, conforme a plano de lote aprobado el 28 de abril de 2005; por lo que, si se pretendía que sean aprobados a favor de los solicitantes, se debían cumplir los requisitos técnicos, legales y administrativos exigidos por la Dirección de Ordenamiento Territorial en la Unidad correspondiente (fs. 22 y vta.).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- I.2.1. Ratificación de la acción
- 1)
- I.2.3. Intervención de los terceros interesados
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 19
- III.1. Consideraciones previas al estudio de fondo de la presente acción tutelar
- Fragmento 21
- III.2.1. Derecho a la propiedad privada
- a) El derecho de uso; b) El derecho de goce; y, c) El derecho de disfrute.
- Fragmento 24
- el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente
- el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública. El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho.
- la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto
- toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo
- responde al cumplimiento de deberes esenciales del juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales
- citra petita’, conocido como por ‘omisión’ en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.’
- cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma.
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integra de todos los puntos demandados por las partes
- Fragmento 33
- la nulidad no se puede declarar por que sí, sino cuando, en efecto, se haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte.
- III.4. Análisis del caso concreto
- 2° Disponer la nulidad del Decreto Edil 013/2015 de 12 de junio,