SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0456/2016-S2
Fecha: 09-May-2016
II.8.
II.8. El 23 de junio de 2015, José Fernández Mamani y Simona Anastacia Quisbert Navarro, solicitaron revocatoria total del Decreto Edil, precitado en la Conclusión anterior, por “preclusión”, alegando que, el 22 del mes y año mencionados, asumieron conocimiento del fallo referido, pese a haber sobrepasado los noventa días previstos por el art. 67.I y II de la LPA, para el pronunciamiento de la resolución respectiva al recurso jerárquico que interpusieron; a más de ello no fueron notificados conforme a normativa, correspondiendo en consecuencia, la revocatoria total del informe GU-1320/LO-389/GFY-081/2014, cuestionado (fs. 76 a 77 vta.); sobre este particular, el Alcalde codemandado, pronunció el Auto de 1 de julio del mismo año, estableciendo que, el art. 67 de la LPA, prevé que para sustanciar y resolver el recurso jerárquico, la autoridad administrativa competente de la entidad pública, tendrá el plazo de noventa días; estipulando así, el art. 20.I de la misma Ley, que, el cómputo de los plazos instituidos en la Ley, “será el siguiente: a) Si el plazo se señala por días solo se computarán los días hábiles administrativos. Concordante con lo señalado en el artículo 19 que establece ‘Las actuaciones administrativas se realizarán los días y horas hábiles administrativos’”; por lo que, de acuerdo a calendario adjunto, se observaba que el plazo vencía el 12 de junio de 2015, al computarse únicamente días hábiles; debiendo estar por ende, los impetrantes de tutela, a lo dispuesto por Decreto Edil 013/2015 (fs. 79).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- I.2.1. Ratificación de la acción
- 1)
- I.2.3. Intervención de los terceros interesados
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 19
- III.1. Consideraciones previas al estudio de fondo de la presente acción tutelar
- Fragmento 21
- III.2.1. Derecho a la propiedad privada
- a) El derecho de uso; b) El derecho de goce; y, c) El derecho de disfrute.
- Fragmento 24
- el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente
- el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública. El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho.
- la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto
- toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo
- responde al cumplimiento de deberes esenciales del juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales
- citra petita’, conocido como por ‘omisión’ en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.’
- cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma.
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integra de todos los puntos demandados por las partes
- Fragmento 33
- la nulidad no se puede declarar por que sí, sino cuando, en efecto, se haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte.
- III.4. Análisis del caso concreto
- 2° Disponer la nulidad del Decreto Edil 013/2015 de 12 de junio,