SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0464/2016-S2

El Tribunal Constitucional en la SCP 1921/2012 de 12 de octubre, con relación a la acción de libertad de pronto despacho ha señalado: “… que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.

Perfeccionando la jurisprudencia anterior, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, (…) señalo que: “… se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE … establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen «…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…», e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora (…) o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, (…)’”.

Por su parte la SCP 1227/2015-S2 de 2 de noviembre, reiterando la jurisprudencia anterior, sobre el principio de celeridad y la acción de libertad de pronto despacho señaló: “…que el indicado principio debe efectivizarse cuando de por medio se encuentra el derecho a la libertad, debiendo por ello las actuaciones jurisdiccionales procurar la materialización del mismo.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional estableció: '…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud'; o sea que, el principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, aun cuando no exista una norma que establezca un plazo mínimo', así lo entendió, entre otras Sentencias, la SC 1739/2011-R de 7 de noviembre”.

La SSCC 0078/2010-R de 3 de mayo identificó los supuestos en que opera la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, resaltando los actos procesales inherentes al régimen de las medidas cautelares; empero, debido a la naturaleza de los derechos que protege la acción de libertad, la jurisprudencia constitucional ha establecido que no se limita únicamente al trámite procesal de las medidas cautelares, sino también a otros aspectos, entre ellos los trámites administrativos o jurisdiccionales vinculados estrechamente con el derecho a la libertad; así, el pronunciamiento, tramitación y diligenciamiento oportuno de exhortos suplicatorios del caso que se analiza ingresan dentro del ámbito de protección de la acción de libertad ya que tienen relación directa con la libertad del demandante de tutela.

Para la jurisprudencia constitucional, el principio de celeridad: “…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente” (SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R, 0105/2003-R, entre otras).

Consecuentemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, constituye una garantía de la observancia del principio de celeridad en los trámites judiciales y administrativos vinculados a los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, por lo que todos los actos dilatorios que signifiquen el agravamiento de los indicados derechos, ingresan al ámbito de examen de la presente acción constitucional.