SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0502/2016-S2

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 58 de 24 de agosto de 2015, cursante de fs. 212 a 215, por la que denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: 1) La labor del Tribunal de garantías es de puro derecho, lo que implica que en sus actuaciones deben circunscribirse a revisar si existió o no lesión a los derechos que se denuncian como vulnerados; es decir, a diferencia de los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, no tienen facultades para realizar una valoración de los elementos probatorios o cuestiones contradictorias que se presentan en la tramitación de la causa, sea civil, penal o administrativa; 2) La SC 0634/2002-R de 31 de mayo, referida la pliego de cargo contra la persona jurídica de la Cervecería Boliviana Nacional, cuyo socio mayoritario era Max Fernández Rojas, con el 75 % y el otro con 25 %, cuyo representante tenía como sanción la inhabilitación; sin embargo, al haber fallecido, le alcanzaba a los herederos la obligación económica; y no así la inhabilitación, Sentencia que se basó en la Constitución Política del Estado de 1967 modificada el 1994; además, con el Código Tributario anterior que se encontraba vigente el año 2002, por tanto, al cambiar la normativa, quedó desfasado la interpretación de dicha norma; 3) La emisión del pliego de cargo, acarreaba dos sanciones: la económica, traducida en el cumplimiento de la exigencia del tributo; y, la administrativa que conllevaba la inhabilitación, quedando inhabilitado de hecho porque se dictó un pliego de cargo, tratándose de dos sanciones separadas; es decir, ante la existencia de la sanción económica por la deuda tributaria, tendría como consecuencia la inhabilitación, si paga el monto adeudado quedaría habilitado, tratándose de una condición y no una sanción; 4) El pliego de cargo 251/2000, correspondía a Max Fernández Rojas, por una deuda tributaria que fue individualizada a sus herederos, algunos pagaron otros no, en el caso de Jhonny Fernández Saucedo, estaba pagando una parte; empero, dejó de hacerlo, extremo que dio inicio a la ejecución de la deuda tributaria individualizada a favor del Estado, a diferencia  del caso referido líneas arriba en la SC 0634/2002, que se trataba de  una persona jurídica, cuyo principal accionista fue Max Fernández Rojas; y; 5) Finalmente, conforme al art. 234 de la CPE, existe una sola sanción porque el cumplimiento de la deuda tributaria, resulta ser “habilitante” para ejercer derechos políticos.