SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0662/2016-S1
Fecha: 15-Jun-2016
c)
c) Falta de valoración integral de los medios de prueba vinculados al fraude denunciado en el proceso de saneamiento y la omisión del INRA del relevamiento de información en gabinete sobre el predio “Santa María” y “Santa María-Puerto Granado” antes de iniciar pericias. Los demandados no realizaron una valoración integral de los medios de prueba, vinculados a la nulidad por fraude denunciado oportunamente, declararon improbada la demanda ratificando el desconocimiento de su derecho propietario.
c) Consideró también la infracción de la garantía constitucional y derechos a la propiedad y al trabajo; puesto que, en el proceso de saneamiento no existiría coherencia respecto al debido proceso, porque el INRA lo desalojó cuando estaba en posesión cumpliendo la función económico social y ejerciendo su derecho propietario, despojándolo de su posesión y propiedad por supuesta violación de medidas precautorias, que solo es posible aplicar en caso de riesgo concreto con el fin de que no se modifiquen las condiciones objetivas o estado del predio; hechos que no existieron en el presente caso, siendo las mismas desmedidas y aplicadas contrariamente al objeto del proceso, en contra de lo previsto por los arts. 1, 3.I y IV de la LSNRA y 10 de su Reglamento; al respecto, se tiene que la Sentencia Agroambiental Nacional cuestionada, realizó una descripción de los actuados procesales que antecedieron y concluyeron con la emisión del Acta Circunstanciada de Desalojo de 29 de septiembre de 2010, que evidencia el desalojo efectuado por el INRA en las propiedades denominadas "El Bibosi", "San Fernando", "Belen" y "Tambaqui"; concluyendo dicho fallo, que al haberse evidenciado en dos inspecciones que el accionante habría incumplido las medidas precautorias establecidas, en aplicación del art. 10 del Reglamento aprobado por DS 29215 sería el promotor de su desalojo; dicha fundamentación, es insuficiente a objeto de dar respuesta a lo cuestionado por el referido en el presente acápite, toda vez que, se limita a describir los actuados procesales realizados para concluir señalando que “el INRA al haber procedido a ejecutar el lanzamiento del demandante, no incumplió la normativa especializada que es de aplicación preferente a la normativa civil como arguye la parte actora”(sic), sin establecer si existió o no coherencia respecto al debido proceso, y si era o no aplicable dicha medida ante la afirmación del accionante en sentido de inexistencia de riesgo concreto de modificación de las condiciones objetivas o estado del predio, tampoco fundamento respecto a si existió o no vulneración de los arts. 1,3.I y IV de la LSNRA y 10 de su Reglamento, conforme afirmó Fernando Pizarro Melgar.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- g)
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- i)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- III.2. La acción de amparo constitucional y su naturaleza
- III.3.
- III.4.
- el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar;
- comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió
- cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso
- la congruencia de toda decisión judicial implica la identidad entre lo solicitado y lo resuelto por el administrador de justicia
- la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC),
- Fragmento 28
- el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades
- o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar una prueba
- III.7. Análisis del caso concreto
- f)
- h)
- j)
- k)
- 2º