SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0662/2016-S1
Fecha: 15-Jun-2016
II.7.
II.7. Resolución Suprema 13237 de 24 de octubre de 2014, emitida dentro del proceso de SAN-SIM respecto al polígono 199 correspondiente a los predios “San Fernando”, “El Bibosi” y el polígono 124 correspondiente a los predios “Belen” y “Tambaqui”, ubicados en el municipio Pailón, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, que resolvió anular el título ejecutorial con antecedente en la Resolución Suprema 150790 de 15 de agosto de 1969 y el expediente agrario de dotación 15171 al haberse establecido vicios de nulidad relativa e incumplimiento de la función económico social del predio denominado “PUERTO GRANADO” (sic), ubicado en el cantón Izozog, provincia Cordillera del mencionado departamento, conforme a especificaciones, colindancias y demás antecedentes técnicos, disponiéndose la cancelación de partidas; todo ello de conformidad a los arts. 393 y 397 de la CPE; 64, 66 y 67.II.1 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), 331.I inc. c) y 334 de su Reglamento; declaró la ilegalidad de las posesiones de Fernando Antelo Rojas, Fremiodt Freddy Salazar Vallejos, Adhemar Arteaga Leal y Andrés Rafael VII Roca Ali, por incumplir los requisitos de legalidad contar con asentamientos posteriores a la vigencia de la antedicha Ley y por incumplimiento de la función social o función económico social, de los predios ubicados en el municipio Pailón provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz; y, declaró tierras fiscales las superficies ubicadas en el referido municipio y departamento, disponiendo su registro en DD.RR. a nombre del INRA, así como el desalojo de los ciudadanos antes nombrados, imponiendo como medida precautoria la prohibición de asentamientos (fs. 382 a 389).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- g)
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- i)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- III.2. La acción de amparo constitucional y su naturaleza
- III.3.
- III.4.
- el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar;
- comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió
- cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso
- la congruencia de toda decisión judicial implica la identidad entre lo solicitado y lo resuelto por el administrador de justicia
- la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC),
- Fragmento 28
- el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades
- o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar una prueba
- III.7. Análisis del caso concreto
- f)
- h)
- j)
- k)
- 2º