SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0705/2016-S1

Respecto a las actuaciones de la administración pública, la Norma Suprema, en su art. 232, establece: “La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados” (las negrillas son agregadas).

Con referencia a dicho principio, la Jurisprudencia Constitucional, a través de la SC 0632/2015-S2 de 3 de junio, señaló, que es: “…uno de los principios fundamentales que configura el debido proceso, vinculado al ejercicio del poder público que debe realizarse en armonía con la ley vigente y la jurisdicción no así a la voluntad de las personas, el Estado tiene la obligación del cumplimiento de este principio en todas las actuaciones de sus poderes ello implica que están sometidas a la actual Constitución o al imperio de la ley, considerando la seguridad jurídica que requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidos al principio de legalidad.

Este principio, se considera una regla de cumplimiento obligatorio del derecho público y es una condición necesaria para establecer que estamos bajo un Estado de Derecho, que el poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas, particularmente en aquellas que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de los derechos del individuo”.

En tal sentido, el principio de legalidad como componente del debido proceso, alcanza al ámbito administrativo a efectos de garantizar la vigencia de los derechos y garantías fundamentales, de manera que ésta última es la que condiciona y determina la acción administrativa, la cual no es válida si no responde a una previsión normativa, tanto en lo competencial, procedimental y lo sustantivo.