SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1090/2017-S2

La SCP  0102/2012 de 23 de abril de 2012, en su ratio descidendi precisó: “En el caso concreto, la accionante ante la falta de pago de la asignación familiar por parte del empleador, en este caso el Gobierno Autónomo de Pando, solicitó el pago de las asignación familiar, mediante memoriales dirigidos en tres oportunidades al codemandado Franz Velez Marubay, Director de Recursos Humanos de la mencionada Gobernación; sin embargo éste, mediante oficio D.RR.HH. 108/2011, respondió a la ahora accionante refiriendo que la Gobernación de Pando no tenía contemplado en el presupuesto de la gestión 2011, recursos para el pago de subsidios familiares para el personal eventual y que el mismo sería considerado en la reformulación presupuestaria en el mes de junio de 2011; ante tal respuesta, la accionante mediante memorial solicitó a Luis Adolfo Flores Roberts, Gobernador del departamento de Pando, el pago de la asignación familiar, misma que fue presentada cuatro días antes de la presentación de la presente acción, de la que no se sabe si recibió respuesta alguna.

De lo anotado, se tiene que, el codemandado Franz Velez Marubay, Director de Recursos Humanos de la citada Gobernación, con su respuesta a la solicitud de pago de asignación familiar de la accionante, cuando señaló que la Gobernación de Pando no tenía contemplado en el presupuesto 2011, el pago subsidios familiares para el personal eventual y que el mismo sería considerado en la Reformulación Presupuestaria en el mes de junio de ese año; vulnero el derecho de la accionante referente a percepción de la asignación familiar consistente en las lactancias prenatal, natal y lactancia materna, derecho consagrados en el art. 45. I y III de la CPE, así como los derechos fundamentales de la hija menor de un año como ser el derecho a la alimentación y a la vida, mismos que también se hallan protegidos por la Constitución Política del Estado en sus. arts.15.1, 16.I, 60 y 13 del CNNA; en el caso en particular, el empleador al negar el pago de la asignación familiar a la trabajadora ahora accionante, está yendo contra los derecho fundamental y primario de su hija menor de un año, toda vez que le está privando del derecho a la alimentación y por ende el derecho a la vida, mismos que se encuentran protegidos por el estado a través de la Constitución Política del Estado y el Código del Niña, Niña y Adolescente”.