DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0093/2017

En el marco de lo dispuesto por el art. 242 de la misma Norma Fundamental, la Ley 341 de 5 de febrero de 2013, define que la participación y control social se ejercerá por actores orgánicos, comunitarios y circunstanciales; figurando en el primer grupo los sectores sociales, juntas vecinales y/o sindicales, organizados y reconocidos legalmente; el segundo grupo está integrado por las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas; siendo actores de tercer nivel las personas naturales que circunstancialmente se organicen para un determinado fin, que una vez alcanzado conllevará su extinción.

De acuerdo al art. 16 de la aludida ley, los actores colectivos legalmente reconocidos, nominarán a sus representantes para el ejercicio de la participación y control social; y circunstancialmente cualquier ciudadana o ciudadano, podrá adscribirse voluntariamente a los espacios permanentes de esta actividad” (las negrillas son nuestras).

En mérito a lo acotado, es preciso señalar que circunscribir la participación y control social solamente a las organizaciones sociales, es restrictivo de la misma, ya que este grupo en específico, corresponde a los actores orgánicos del control social, existiendo otros más dentro de la misma categoría y diferentes dentro de los otros actores de control social. En todo caso, el estatuyente para referirse a dichos actores de la participación y control social, debe referirse a los mismos con la denominación de sociedad civil organizada.