SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0029/2017-S3

Se encuentra privado de libertad en el Recinto Penitenciario “San Pedro” de La Paz, como emergencia de la emisión de un mandamiento de apremio por pensiones devengadas de asistencia familiar, librado dentro de un proceso seguido en su contra por Jenny Romina Maldonado Poma, madre de su hija AA de cinco años de edad, proceso del cual nunca tuvo conocimiento sino hasta el 16 de noviembre de 2016, cuando retornando a su domicilio se encontró con la referida demandante y su madre, ante cuya insistencia aceptó acompañarla a la oficina de algún abogado para firmar un acuerdo transaccional de asistencia familiar; empero, fue sorprendido cuando se dio cuenta que fue conducido al Juzgado Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz, donde la Oficial de Diligencias le comunicó que existía una orden de apremio en su contra.

De la revisión que hizo a su expediente, pudo advertir que la citación y otras diligencias no fueron realizadas en su domicilio real, mismo que desde hace tres años, es aquel ubicado en la zona Mariscal Santa Cruz, calle Antofagasta s/n “…es a lado y no tiene número…” (sic). Peor aún, una vez que la parte demandante presentó la liquidación de asistencia familiar, la que supuestamente se le habría notificado, pidió de forma directa se expida el mandamiento de apremio, que fue aceptado por la Jueza ahora demandada, cuando conforme el art. 415 Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- incumbía a dicha autoridad previamente correr en traslado dicha liquidación e intimar su pago, lo que no se cumplió.

Finalmente, la Jueza ahora demandada debió ser diligente en las actuaciones emitidas, y al no proceder de esa manera le causó daños y perjuicios consistentes en la pérdida de ingresos desde el 16 de noviembre de 2016, pues su persona tiene además esposa y otros tres hijos, siendo el único que solventa su hogar.