Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0222/2017-S1
Fecha: 24-Mar-2017
Fragmento 53
Asimismo, es preciso determinar si es aplicable al caso de autos el principio de subsidiariedad y el agotamiento de la vía administrativa de reclamo; para ello, se tomará en cuenta lo establecido en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional; toda vez que, de acuerdo al art. 39 inc. 23) del Estatuto Orgánico de la UMSS, entre las atribuciones del Consejo Universitario se encuentra la de resolver en apelación los reclamos contra las resoluciones académico-administrativas del Rector; empero, no tiene la facultad de volver a conocer una Resolución de carácter sancionatorio que fue emitida por sus propios miembros, de ser así causaría inseguridad jurídica al administrado, dado que se convertiría simultáneamente en juez y parte; además, que el impetrante de tutela tendría que aguardar en el tiempo para que el Rector lo convoque a sesión y esperar que pueda tener el quórum necesario para deliberar y contar con la mayoría de votos para que la decisión asumida cause efecto; en el presente caso, la impugnación ante el Consejo Universitario no resulta idónea ni efectiva sino contraria al principio de justicia material; quedando activada directamente la presente acción tutelar; más cuando se advirtió la existencia de un posible daño irreparable o irremediable, cual es la perdida de una remuneración económica que constituía el sustento para satisfacer no solo las necesidades básicas del accionante, sino las de su familia constituida por su esposa y sus hijos menores de edad.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- 1)
- i)
- concedió en parte
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre los principios ético-morales de la sociedad plural y los valores que sustentan el Estado boliviano
- III.2. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- específicamente en el caso del Consejo Universitario, conviene remitirse al Estatuto Orgánico de la UMSS en lo que respecta a su conformación regida por el art. 31, señala:
- si bien el Tribunal Constitucional en gestiones pasadas estableció que es preciso y obligatorio que el accionante deba accionar el recurso contra la totalidad del tribunal colegiado que asumió la decisión, no es menos evidente que en casos como el presente,
- El art. 51 del Estatuto Orgánico de la UMSS, establece entre las atribuciones del Rector la de representar y dirigir a la Universidad en todas sus actividades; convocar a Consejo Universitario, presidirlo y ejecutar sus resoluciones; cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamento, Acuerdos y Resoluciones del Congreso y Consejo Universitario
- Lo propio debe tenerse en cuenta cuando se trata de actos u omisiones indebidas que emanen de otros entes colegiados con número de miembros numeroso,
- III.4.
- la jurisprudencia ha establecido excepciones a dicho principio cuando se constata que no existe el medio idóneo e inmediato para la protección de los derechos
- no es exigible el agotamiento de los medios o recursos ordinarios cuando las vías ordinarias existentes no son las adecuadas para la protección del derecho presuntamente vulnerado, y más bien se constituyen en un obstáculo para acceder a la tutela brindada por el amparo constitucional;
- si bien es cierto que de acuerdo a lo establecido por el art. 39.23 del Estatuto Orgánico de la UMSS, se prevé entre las atribuciones del Consejo Universitario
- Las Resoluciones que se impugnan en el presente caso, no son cualquier tipo de fallo
- Por tanto, a partir de todo lo expuesto, se establece que, cuando se denuncien vulneraciones a derechos fundamentales en la emisión de Resoluciones
- prevenir la vulneración a través de una tutela constitucional inmediata y efectiva para evitar la consumación de la infracción
- Fragmento 31
- no obstante el carácter subsidiario del amparo, solamente en casos excepcionales y a fin de evitar un real, inminente e irreparable daño, procede otorgar la tutela de este recurso, aún en caso que la persona tenga otra vía o recurso legal al que acudir, pero que por las características especiales la lesión resulta irreparable, por no actuar con la inmediatez que la emergencia exige
- Fragmento 33
- III.5. Sobre el debido proceso y sus componentes
- Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales
- define al debido proceso
- la Ley Fundamental del país, persigue evitar la imposición de una sanción, o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal contenidos en la Constitución y las leyes que desarrollan tales derechos, garantía que conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, alcanza a toda clase de procesos judiciales o administrativos
- Respecto al derecho de defensa en el procedimiento administrativo, la doctrina reconoce que al igual que la defensa en juicio, consagrada constitucionalmente, es también un derecho aplicable al procedimiento administrativo, comprendiendo los derechos
- configura un estado de inocencia que acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal hasta el pronunciamiento de la sentencia firme y definitiva de culpabilidad, ello obliga a imponer límites y, en su caso, a proscribir aquellos actos y medidas de carácter preventivo que impliquen una anticipación de la pena o sanción respecto de aquellas personas cuya responsabilidad o culpabilidad no ha sido establecida aún.
- De producirse ello -una sanción anticipada- no sólo se afectaría la presunción de inocencia sino que implicaría, además, un quiebre con el valor justicia y el principio de razonabilidad, circunstancia no acorde con un Estado respetuoso de los derechos fundamentales y garantías constitucionales
- este derecho debe ser garantizado por las diferentes autoridades.
- aquellas medidas que de manera injustificada impidan su ejercicio, se constituyen en lesivas del derecho al trabajo y, por ende, merecen la protección que brinda la acción de amparo constitucional; pues, a la luz de los principios ético morales de la sociedad plural, conforme se tiene señalado, es deber del Estado, en todas sus instancias, garantizar las fuentes de trabajo en su diferentes modalidades; toda vez que éstas proporcionan una retribución económica que se constituye en el elemento fundamental para el sustento de la persona, la familia
- Finalmente, se debe mencionar que el derecho al trabajo se encuentra directamente ligado con el de la dignidad humana; toda vez que, a partir del mismo se asegura la forma de vida de la persona y la de su familia; pues, solo a partir de la justa remuneración que una persona percibe por las actividades laborales que desempeña, se logra asegurar para ésta y su familia una existencia conforme a su condición de seres humanos
- III.7. Sobre la autonomía universitaria y
- los estatutos o normas reglamentarias que constituyen una expresión de la autonomía universitaria, se convierte a su vez en una guía para resolver los conflictos sobre derechos fundamentales que puedan llegar a presentarse en el ámbito universitario
- los estatutos reglamentarios, como quiera que conforman una estructura normativa que emerge del ejercicio de la autonomía universitaria, establece una amplia gama de facultades
- los estatutos de una entidad de educación superior, establecen también una importante serie de límites
- Estatuto del Sistema de la Universidad Boliviana
- Fragmento 49
- Estatuto Orgánico de la UMSS
- Reglamento General de la Docencia de la UMSS
- Fragmento 52
- Fragmento 53
- III.8. Análisis del caso concreto
- Fragmento 55