SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0226/2017-S3

El accionante alega que fueron lesionados sus derechos al acceso a la justicia, a la igualdad, al debido proceso en sus vertientes de valoración razonable de la prueba, fundamentación y congruencia, así como el principio de seguridad jurídica, señalando que dentro del proceso ordinario de declaración judicial de disolución de contrato de compra venta y restitución de pagos seguido por Marisol Gonzalez Valda -hoy tercera interesada-  en su contra, se declaró probada la demanda; y en grado de casación, las autoridades ahora demandadas a tiempo de dictar el AS 496/2016 de 16 de mayo, no tomaron en cuenta que el documento base de la demanda corresponde a un contrato privado de reconocimiento de deuda y compromiso de pago, dando por válida la supuesta disolución verbal por mutuo acuerdo entre partes, sin explicar la forma de interpretación de las pruebas que otorgan la validez atribuida a documentación que carece de eficacia de acuerdo al art. 1307 del CC, sumado al hecho de haber aplicado erróneamente los arts. 450 y 519 del mismo cuerpo normativo.