DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0072/2017

La jurisprudencia constitucional, ante regulaciones similares; respecto al reconocimiento de todos los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, mediante la DCP 0009/2013 de 27 de julio, tomando los fundamentos jurídicos desarrollados por la DCP 0001/2013, señaló: “Respecto a la regulación de los derechos se tiene que la DCP 0001/2013, establece que: ‘Por mandato del art. 109.II de la CPE, los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley, de tal manera, que corresponderá únicamente al Órgano Legislativo mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional el emitir leyes que desarrollen los preceptos o derechos fundamentales contenidos en la Ley Fundamental y a su vez imponer sus límites; constituyéndose esta atribución en una restricción frente a otros Órganos por lo que no corresponde que otras entidades ya sean departamentales, regionales o municipales puedan regular sobre los mismos…’; pese a ello, la interpretación de dicha aseveración corresponde efectuarse en el marco de lo aseverado en su parte general por la misma declaración es decir: ‘Respecto a los Derechos el artículo 13.II de la CPE, plantea que los derechos no son limitativos y el art. 60.I de la LMAD, establece que los Estatutos y Cartas Orgánicas definen derechos y deberes, a lo se debe señalar que los derechos que vayan a estar contenidos en una norma básica institucional, deberán estar relacionados con alguna de las competencias de la entidad territorial autónoma…’, lo que debe interpretarse en el marco de la Constitución y la SCP 2055/2012, que estableció que: ‘…es importante puntualizar que el parágrafo II del art. 410 de la CPE, al establecer la jerarquía normativa, no determina una escala respecto de los diferentes tipos de leyes, ni un orden jerárquico respecto a la leyes al determinar en el mismo nivel a las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena, con el advertido que la Norma Suprema establece que la aplicación de las normas jurídicas se realizará de acuerdo con las competencias de las entidades territoriales autónomas’, de donde en materia de derechos se concluye que los órganos democrático-deliberativos están facultados para la regulación de derechos sin alterar el art. 109 de la CPE, siempre y cuando exista relación directa con las competencias de la entidad territorial autónoma.