SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1043/2017-S2

En el caso de autos, en primera instancia el Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz emitió la Resolución Administrativa 127/12, mediante la cual dictó Resolución sancionatoria contra el policía Luis Pablo Mamani Laruta, sancionándolo con retiro temporal de un año de la institución policial, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, por la comisión de la falta disciplinaria prevista en el art. 13.6 de la LDRPN, ameritando que el hoy accionante formule recurso de apelación con los siguientes argumentos: i) Extraña la notificación con la Resolución Administrativa sancionatoria, tomando en cuenta que los hechos por los cuales se le pretende sancionar, datan de la gestión 2012, habiendo transcurrido más de cuatro años de la supuesta falta disciplinaria; es decir, a la fecha, ha sobrepasado por demás el término legal establecido para el proceso administrativo disciplinario, mismo que en el art. 53 de la referida norma es de dos años; además, conforme la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SCP 576/2015-S3 de 10 de junio, estando los plazos debidamente justificados desde el 3 de julio de 2012 hasta el 21 de abril de 2014, a partir de esta fecha, los tribunales disciplinarios tuvieron el tiempo suficiente para ejercer todo el poder punitivo; sin embargo, por razones desconocidas, pero sobretodo ajenas y no atribuibles a su persona, no se pronunció, sin tener un justificativo de su inactividad hasta septiembre de 2016; y, ii) Por otro lado, ha transcurrido más de dos años desde que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronunciara mediante la SCP 576/2015 en cuanto a la suspensión de los plazos procesales establecidos en la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, se puede evidenciar que sobrepasó el tiempo legal para ejecutar el proceso administrativo disciplinario, garantía constitucional directa con el debido proceso, que tiene además vinculación y relevancia directa con la prescripción, la cual está directamente vinculada con el contenido del plazo máximo razonable del proceso que son de dos años.