SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0643/2018-S1

Su padre, fue propietario de dos parcelas de terreno, ubicadas en la comunidad de “Santa Ana la Nueva”, provincia Cercado del departamento de Tarija, teniendo la primera una superficie de 2 2400 ha y la segunda una superficie de 3 5000 ha, por lo que al fallecimiento de éste, adquirió la calidad de heredero legal y forzoso, poseyendo, trabajando y haciendo cumplir la función social en la segunda parcela; sin embargo de ello, fue notificado con la Resolución Administrativa (RA) RES.ADM.RA-TJA 219/2016 de 5 de diciembre, emitida por el INRA-Tarija disponiendo el desalojo de la segunda parcela, debido a que el proceso de saneamiento habría declarado tierra fiscal a dichos terrenos a nombre del INRA, lo cual restringe su derecho a la propiedad y de trabajador de la tierra garantizado por los arts. 56.11 y 397 de la Constitución Política del Estado (CPE); por ello, con la finalidad de conocer el proceso de saneamiento y poder asumir defensa de fondo, en un debido proceso ante la instancia correspondiente, solicitó al INRA-Tarija, la notificación formal con la Resolución Final de Saneamiento, en la que habrían declarado tierra fiscal a su parcela de terreno y solicitó además se le otorguen fotocopias de la carpeta de saneamiento; petición que tanto el INRA-Tarija, mediante decreto administrativo de 10 de julio de 2017, como el INRA nacional, a través del Auto Interlocutorio Definitivo de 13 de septiembre de mismo año, le negaron indebidamente su notificación con la referida Resolución, así como otorgarle las fotocopias de la carpeta de saneamiento y de las diligencias de notificación, actos ilegales que restringen y suprimen su derecho fundamental al debido proceso y a la defensa.

Refiere que, el argumento para auto sanear la parcela unilateralmente y rechazar su petición de notificación y solicitud de fotocopias, fue que el INRA adquirió el derecho por transmisión legal del Banco Agrícola, quien se habría adjudicado en remate dentro de un proceso coactivo seguido por dicha entidad en contra de Julio Serrano Zenteno, a quien su persona le habría vendido y que no sería parte de dicho proceso, que solo participó firmando las actas de conformidad como colindante; sin embargo, según lo evidenciado en la carpeta de saneamiento presentada por el INRA ante el Juez Agroambiental, la misma se encuentra incompleta y no cursa documentación que acredite aquella afirmación, “…pues la carpeta de saneamiento de fs. 59 se salta a fs. 102, (Ver numeración con foliador mecánico), este demuestra la manipulación arbitraria de la documentación al interior del INRA…” (sic); asimismo, conforme se acredita por la Escritura Pública 612/80 de 5 de noviembre de 1980, la venta se refiere a otra parcela con otras colindancias, que se encuentra entre el Río Santa Ana y el camino carretero al Chaco “…y no la que me encuentro en posesión, que no colinda en ninguna parte con el Río Santa Ana ni el camino carretero…” (sic)