SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0835/2018-S4

Conforme a las alegaciones del impetrante de tutela, se hizo presente en la audiencia de medidas cautelares fijada por el Juez demandado; empero, su defensa técnica no pudo asistir justificando su ausencia con el respectivo certificado médico, el mismo que fue rechazado por la autoridad demandada –en su criterio, de forma ilegal y parcializada– considerándolo inidóneo, rechazo que en efecto puede verificarse del acta de audiencia de 23 de mayo de 2018, en la que Armando Zeballos Guarachi suspendió dicho acto por inasistencia de la defensa técnica y del Ministerio Público, otorgando el plazo de setenta y dos horas a la abogada para que justifique y presente documentación adicional que acredite su imposibilidad de asistir a dicho acto, determinación contra la que el accionante formuló recurso de reposición el 24 de mayo de 2018, reclamando, entre otros aspectos, que el Juez de la causa no se pronunció sobre la idoneidad del certificado médico presentado por su abogada a efectos de justificar su inasistencia a la audiencia señalada y que la designación de abogado de oficio no correspondía por las circunstancias del caso.

La reposición descrita, fue resuelta por el Juez demandado por Auto de 25 de mayo de 2018, por la que la autoridad demandada, considerando que incurrió en error sobre el certificado médico particular presentado por su abogada defensora, dio por justificada su inasistencia al acto referido, aclarando que la designación de abogado únicamente tenía por objeto precautelar y asegurar la defensa técnica del imputado (Conclusión II.10); asimismo, exhortó a la parte imputada a que esté presente con su abogado de confianza a efectos de evitar mayor dilación en la resolución de las excepciones planteadas, resaltando que si el imputado se encuentra presente sin dicha asistencia profesional, no se necesitaría la intervención del abogado de defensa pública designado, manteniendo el nombramiento de abogado de oficio, con la finalidad de asegurar su defensa, actuación en la que no se advierte vulneración alguna a su derecho a la defensa, por cuanto si bien inicialmente el Juez descartó la documental que presentó la abogada de la defensa técnica; sin embargo, a través del Auto aludido, repuso su actuación dando por justificada la ausencia de dicha profesional, aclarando que la designación de abogado de defensa pública estaba dirigida a garantizar el asesoramiento técnico del imputado en caso de no poder asistir nuevamente su abogada, posición razonable y coherente con los antecedentes del caso, por cuanto la abogada del accionante no asistió a la audiencia de consideración de las excepciones y de aplicación de medidas cautelares, programada para el 23 de mayo de 2018, por cuyo motivo –y la ausencia del Ministerio Público– fue suspendido dicho acto, fijándose su celebración para el 8 de junio del mismo año, hechos que de modo alguno evidencian la vulneración de la garantía del debido proceso en su vertiente defensa del peticionante de tutela, correspondiendo denegar la tutela solicitada.