SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0841/2018-S1

Referente al cuarto reclamo, el accionante señaló que al agradecer sus servicios vulneraron la carrera judicial porque su actuación está al margen del marco legal de los arts. 178.II, 232 y 235.1 de la CPE; y, 23.5 y 183.2 de la LOJ, que facultan al Consejo de la Magistratura, disponer la cesación de funciones de un juez solo por la vía de proceso disciplinario o en el caso de contar con sentencia ejecutoriada elementos que no concurren; al respecto, ya se puntualizó que el argumento de la inexistencia de proceso administrativo o penal seguido en su contra ya fue reclamado en puntos precedentes del recurso activado; no obstante, las autoridades demandadas le explicaron que esos argumentos son impertinentes, pero además mencionaron que ingresar a la carrera judicial implica cumplir el mandato previsto en el art. 178.II de la CPE, dar certidumbre jurídica a la población en general al garantizar la independencia judicial; los arts. 3 de la Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público y 2 de la Ley de Adecuación de Plazos para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, declaran que todos los funcionarios judiciales son transitorios, situación que fue determinada en la SCP 0499/2016-S2, lo cual significa que los actuales funcionarios del Órgano Judicial tienen esa calidad y en sentido contrario ninguno es de carrera; y, la normativa legal en cuanto a la calidad de servidores jurisdiccionales, vocales y jueces indubitablemente concluye que son transitorios sin distinción alguna y que además según la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley del Órgano Judicial, estipula que deben continuar en sus funciones hasta la designación de las y los nuevos servidores judiciales, pudiendo participar en los procesos de selección y designación inclusive; al establecer y según los alcances de los derechos invocados como vulnerados; concluyéndose que no existe dicha vulneración de derechos estándose al amparo de la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Judicial.