SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0019/2018-S4

De conformidad con los instrumentos normativos y estándares internacionales, los derechos humanos –salvo los considerados inderogables– no son absolutos, de cuyo fundamento se desprende la posibilidad convencional, constitucional y legal de realizar limitaciones condicionadas a la razonabilidad, y que obedezcan al principio de sometimiento pleno a la Constitución y la ley.

En el ámbito de Protección Universal, la facultad soberana de los Estados de incluir en sus legislaciones limitaciones o restricciones al ejercicio de los derechos se encuentra en la cláusula interpretativa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos contenida en su art. 29, que establece: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”.

En el ámbito Interamericano el art. 30 de la CADH establece la posibilidad, alcance y requisitos para el establecimiento de limitaciones y/o restricciones al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas, las cuales no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.

Respecto a la necesidad y proporcionalidad de las limitaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que: “La necesidad de las restricciones legalmente contempladas dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, siendo insuficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno…”; y la: “...proporcionalidad radica en que la restricción debe ajustarse estrechamente al logro de un legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible  en el efectivo ejercicio del derecho restringido. Finalmente, para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad del pleno goce del derecho restringido….” (Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de 6 de Agosto de 2008. Párr. 174)