SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0052/2018- S3

           En tal contexto, la accionante interpuso su excepción de extinción de la acción penal, de forma previa a que la sentencia condenatoria adquiera ejecutoria; posteriormente, declarada probada la excepción se extinguió y archivo el proceso aspectos que, igualmente, se ven reflejados en la certificación expedida por el Juez ahora demandado, a través de secretaría de su despacho el 26 de enero de 2016 (Conclusión II.7). Sin embargo, el 24 de febrero de 2017, tras la solicitud de la ahora tercera interesada, el Juez demandado dispuso la emisión del mandamiento de condena en contra de la accionante (Conclusiones II.8 y II.9), ordenando la ejecución de la pena de tres años y dos meses de reclusión (pena privativa de libertad contra la impetrante de tutela); por lo que, se tiene evidenciada la existencia de una amenaza cierta de restricción al derecho a la libertad, materializada en el decreto de 24 de febrero de 2017; y, los actuados posteriores destinados a efectivizar una sentencia condenatoria, no obstante a la existencia de una excepción de extinción de la acción penal declarada probada y ejecutoriada por la autoridad demandada; consiguientemente, resulta evidente que, el indebido procesamiento acusado, guarda relación directa con una amenaza cierta al derecho a la libertad de la accionante, ante la carencia de una vía o recurso idóneo para lograr la reparación y cese inmediato de tal amenaza; por lo que, se activó la acción de libertad.