SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0053/2018-S1
Fecha: 16-Mar-2018
III.4. Análisis del caso concreto
Con carácter previo a efectuar el análisis de fondo de la problemática planteada, cabe establecer que el mismo se limitará al examen del fallo emitido por los Vocales hoy demandados, por cuanto los nombrados, como Tribunal de apelación, se constituían en las autoridades llamadas por ley, para revisar la decisión asumida por el Juez codemandado. Por tanto, corresponde a esta jurisdicción verificar la existencia de los hechos lesivos demandados a partir de la emisión del Auto de Vista 594, atendiendo los alcances del principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional.
La problemática a ser analizada converge principalmente en la denuncia de la parte accionante sobre la inadecuada fundamentación y motivación en la que incurrieron las autoridades judiciales ahora demandadas a tiempo de emitir en apelación el referido Auto de Vista 594 por el que confirmaron la Resolución impugnada que declaró probado el incidente de nulidad planteado por la garante Emiliana Rojas Ríos de Sejas, dentro del proceso ejecutivo instaurado por el Banco Mercantil S.A., en representación del BCB, contra la empresa “Auto Partes Lucas FRR” S.R.L.
De lo descrito precedentemente, y considerando que la parte accionante impugnó el Auto de Vista 594 emitido en apelación por los Vocales ahora demandados, sosteniendo que el mismo no tiene una suficiente fundamentación y motivación, corresponde conocer el contenido del memorial de apelación y del mencionado Auto de Vista, a efectos de establecer si se lesionaron los derechos aludidos por la parte accionante en esta acción tutelar.
Primer agravio.- Al dictar el Auto Interlocutorio 330/14, el Juez de la causa vulneró el art. 107.II y III del CPC, negándose a establecer que la incidentista tenía conocimiento del proceso ejecutivo, y en su oportunidad no cuestionó la personería de los ejecutantes. Así, lo cierto es que procesalmente, el incidente fue presentado extemporáneamente, por lo que no debía ser admitido según la norma citada, precepto que es claro al señalar que son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales y esenciales, cuando el acto, es decir, en este caso el poder, haya cumplido su finalidad. Entonces, los ejecutados convalidaron los actos realizados al no cuestionarlos en su oportunidad.
Segundo agravio.- El Auto Interlocutorio 330/14 anuló el Auto de Vista 101 y dejó sin efecto la SCP 1913/2012, que es de aplicación directa a este proceso, pero no se explica y menos se fundamentan los motivos por los cuales, ante un incidente de nulidad, se dejó sin efecto dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, que es de cumplimiento obligatorio, habiéndose atentado contra los arts. 15, 16 y 17 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y 203 de la CPE.
Tercer agravio.- Se desconoce la aplicación de la SCP 0720/2014 de 10 de abril, así como de la SC 1052/2011-R de 1 de julio, que cita a las SSCC 0731/2010-R de 26 de julio y 0242/2011-R de 16 de marzo, que se refieren a la convalidación de actos procesales por no haber sido impugnados en su oportunidad.
Ese recurso de apelación fue absuelto a través del Auto de Vista 594, por el que los Vocales ahora demandados confirmaron el Auto impugnado 330/14, a través del cual el Juez de la causa declaró probado el incidente de nulidad de obrados planteado por la garante Emiliana Rojas Ríos de Sejas, quien observó la insuficiencia del poder otorgado por el BCB a favor del Banco Mercantil S.A. para iniciar el referido proceso ejecutivo. Ese Auto de Vista se sustentó bajo los siguientes fundamentos:
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Auto Interlocutorio 330/14 de 7 julio de 2014
- a)
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- I.2.3. Intervención de los terceros interesados
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Jurisprudencia reiterada: La revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales
- a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales
- III.2. El debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia
- …la estructura del sistema de administración de justicia boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable.
- Es decir las nulidades procesales se encuentran reservadas únicamente a casos extraordinarios expresamente establecidos en la ley, generalmente relacionados a una indefensión absoluta provocada a las partes procesales o a terceros con interés legítimo y que generen una situación injusta de cosas respecto a la cual los jueces no pueden quedar indiferentes. Para ello todo juez debe tener la capacidad de identificar desde un inicio los actuados u omisiones, que en el futuro podrían provocar una nulidad e impedir que los mismos se desarrollen inadvertidamente hasta llegar a consumarse.
- Asimismo, toda nulidad originada en la deficiente tramitación del proceso genera responsabilidad del administrador de justicia conforme el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que establece: ‘En caso de nulidad de obrados o una reposición de actuados, el tribunal deberá comunicar de oficio la decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley', es decir que en grado de apelación los tribunales ad quem en materia civil deben considerar al menos:
- 2) La posibilidad de dejar sin efecto la llamada cosa juzgada 'aparente' que es aquella obtenida en franca y manifiesta violación de derechos fundamentales y derechos humanos, porque no es posible alcanzar un orden social justo y en definitiva la paz social reconocidos por la doctrina como fines del derecho, con resoluciones que a la vista del colectivo resultan ser obtenidas de forma injusta.
- Dicha posibilidad puede concretarse mediante el planteamiento de incidentes de nulidad así la SC 0151/2006-R de 6 de febrero, sostuvo que: 'En este estado, es necesario dejar establecido que es perfectamente posible el planteamiento del incidente de nulidad en ejecución de Sentencia buscando la reparación de un proceso ilegal por vulneración de derechos y garantías, y de ningún modo ello puede ser considerado como una situación en la que el Juez esté revisando su propia actuación pues como lo reconoce la doctrina los actos procesales desarrollados en vulneración de derechos y garantías se reputan como inexistentes…' posición ratificada en la SC 0133/2010-R de 17 de mayo, entre otras.
- Mediante el planteamiento de acciones tutelares entre las cuales se encuentra el amparo constitucional que procede previo el agotamiento de los recursos intra-procesales idóneos. Este criterio fue asumido por el entonces Tribunal Constitucional desde sus inicios, así el AC 111/99-R de 6 de septiembre, dentro de un proceso civil estableció que '…el juez recurrido ha procedido a trabar embargo de un bien inmueble de menores no comprendidos en la relación procesal y sin intervención del Fiscal cometiendo de esa manera un acto ilegal, que no ha sido corregido, no obstante la decisión de la Corte de Apelación, bajo el único argumento de que la sentencia y el auto de adjudicación del recurrente están ejecutoriados…que, cuando una resolución ilegal y arbitraria, afecta al contenido normal de un derecho fundamental (el de propiedad en este caso), no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta «cosa juzgada»; en cuyo caso inexcusablemente se abre el ámbito de protección del Amparo Constitucional; consagrado por el Art. 19 de la Constitución Política del Estado…' posición ampliamente consolidada a través de los años
- III.4. Análisis del caso concreto
- i)
- iv)
- v)
- d)
- CONFIRMAR en parte