SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0384/2018-S1

En ese sentido de la revisión del Auto Supremo 438/2017, se establece que con referencia al primer agravio denunciado por el ahora accionante respecto a que las autoridades hoy demandadas de manera parcializada y extra petita decidieron anular obrados declarando la ejecutoria de una resolución ilegal, puesto que una sentencia debe resolver sobre aspectos litigados o sobre peticiones realizadas; empero, de la revisión de los antecedentes del proceso, se evidenció que ninguna de las partes solicitó la ejecutoria de la sentencia; consiguientemente, se incurrió en un error flagrante vulnerando el art. 236 del CPCabrg, sosteniendo que el Auto de Vista recurrido debería circunscribirse precisamente a los puntos  resueltos por el inferior que fueron objeto de apelación; éstas refirieron que, de la relación precedentemente efectuada se conoce que la personería de los supuestos directivos y del presunto representante de la Junta Vecinal “Villa Marlecita”, no fue admitida; ante tal decisión, no se interpuso recurso de impugnación alguna, sin embargo, Víctor Anibarro Chintari, aduciendo su representación del barrio antes señalado, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia emitida en primera instancia; empero, la concesión de dicho recurso se efectuó sin verificar los antecedentes de la presente causa, porque la personería de los presuntos directivos no se encontraba acreditada, mucho menos la representación del ahora recurrente; consecuentemente, al no estar debidamente acreditada la personería de la parte recurrente, legalmente no existiría el recurso de apelación, motivo por el cual la autoridad ad quem, anuló obrados hasta el Auto de concesión de alzada, argumento que incluso fue apoyado con doctrina aplicable al caso que en sus partes sobresalientes señala, la nulidad procesal es una medida de última ratio siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso debiendo considerarse en caso de nulidad la trascendencia de aquel acto de manera objetiva en relación a la defensa de las partes.