SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0433/2018-S2
Fecha: 27-Ago-2018
3)
3) Vulneración al debido proceso por errónea aplicación del ordenamiento jurídico y errónea valoración de la prueba; toda vez que, la impugnada Sentencia, por un lado determinó que el fallecimiento de un trabajador es causal suficiente para determinar un paro de actividades, sin considerar que no hay normativa que determine y respalde esos extremos; y por otro lado incurrió en la violación y desconocimiento de los arts. 154 del CPT y 105 de la LGT, en ese orden, se tiene que el primer artículo establece que los hechos afirmados por una parte y admitidos por la otra no precisan de prueba, tal como sucedió en el caso de autos, respecto a que la Compañía edil afirmó y los trabajadores reconocieron que el paro fue determinado unilateralmente; sin , estos extremos no fueron valorados en la señalada Sentencia; respecto a la lesión del referido art. 105 de la LGT, que establece que en ninguna empresa podrá interrumpirse el trabajo intempestivamente por el patrono o por los trabajadores antes de haber agotado todos los medios de conciliación y arbitraje previstos, en caso contrario el movimiento será considerado ilegal, elementos que la aludida Sentencia no habría valorado.
Por otro lado también denuncia que la mencionada Sentencia ha realizado una incorrecta interpretación del ordenamiento jurídico, puesto que sin considerar la ilegalidad de un paro de actividades por duelo, se limita a señalar que al no haberse acreditado, conforme al art. 106 de la LGT, un pliego de reclamación no hubo discrepancia al respecto con la Compañía Minera Colquiri S.A., incurriendo en una deliberada lesión, pues no se puede declarar la legalidad de un paro de actividades bajo ese razonamiento, vulnerándose el principio de legalidad y de seguridad jurídica y la garantía al libre ejercicio de la actividad empresarial, establecida en el art. 380 de la Constitución Política del Estado (CPE).
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio[3], precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
3) El acto administrativo “Resolución Administrativa 85/13 de 27 de marzo” (sic) tiene por objeto declarar la legalidad de un paro de actividades abiertamente ilegal por los argumentos antes expuestos, en ese sentido, al estar la referida Resolución en contra de las leyes laborales es nula de pleno de derecho.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- i)
- I.2.1. Ratificación de la acción
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II
- cuando a través de esa actividad interpretativa, la referida jurisdicción incurre lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales
- III.2. De la revisión y valoración de la prueba en la instancia constitucional
- que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales
- Fragmento 21
- arbitrariedad
- relevancia constitucional
- III.4. Sobre la tutela de la seguridad jurídica a través de la acción de amparo constitucional
- Razonamiento que nos lleva a concluir que a través de los principios y valores contenidos en la norma fundamental, se busca la eficacia máxima de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; por cuanto, su resguardo sólo podrá hacerse efectiva cuando se advierta su vinculación con un derecho fundamental objeto de tutela constitucional
- III.5. Análisis del caso concreto
- 6)
- iii)
- iv)
- v)
- vi)
- 2° CONCEDER
- MAGISTRADA
- el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada
- c)