SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0522/2018-S1

         En ese entendido, la actuación de la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, que fungió como Jueza de garantías, desconoce por completo los plazos establecidos en el art. 129.III de la CPE y 56 del CPCo, por cuanto la presente acción se planteó el 6 de marzo de 2018 y el Auto de admisión se emitió cuatro días después -13 de igual mes y año-, realizándose la audiencia de consideración y resolución de la presente acción de amparo constitucional recién el 3 de abril de ese año, luego de trece días hábiles. Es más, se advierte de la revisión de antecedentes, que la notificación a la parte demandada recién se habría realizado el 29 del mismo año, no encontrando en obrados la justificación para la dilación en dicha diligencia. Ahora bien, al respecto, la SCP 2256/2012 de 8 de noviembre, determinó que: “…De la citada disposición constitucional se entiende, que, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de presentada la demanda y admitida la misma, la autoridad constituida en Juez o Tribunal de garantías, debe instalar la audiencia y resolver el asunto, velando siempre el derecho a la defensa que les asisten a los demandados. En ese sentido, el anterior Tribunal Constitucional, a través de la SC 0348/2011-R de 7 de abril, precisó el siguiente razonamiento: ‘De acuerdo a lo anotado, efectuando una interpretación sistemática y en virtud al principio de unidad de la Constitución Política del Estado, la norma contenida en el art. 129.III de la misma norma constitucional, en relación con los arts. 115.II y 119.II de la misma norma constitucional, debe ser entendida en sentido que el plazo de cuarenta y ocho horas para la presentación del informe y correspondiente celebración de audiencia se computa desde la admisión de la acción de amparo constitucional; aclarándose, empero, que para precautelar el derecho a la defensa de los demandados y terceros interesados, las citaciones y notificaciones deben ser practicadas por el oficial de diligencias dentro de las veinticuatro horas de admitida la acción de amparo constitucional.