ENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1060/2019-S2

La Constitución Política del Estado reconoce en su art. 180.II el principio de impugnación en los procesos judiciales; sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, se refiere de manera recurrente al derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior (art. 7.6, 8.2.h y 25.1), enfatizando el carácter sencillo y rápido del mismo a fin de que el tribunal de apelación revise la legalidad del arresto o detención de la persona privado de libertad y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  

En esa comprensión, el Código de Procedimiento Penal establece el régimen general de las impugnaciones, propiamente del recurso de apelación incidental: Los casos de procedencia, forma y término de interposición, trámite y resolución (arts. 403, 404, 405[1] y 406[2] del CPP); sin embargo, la normativa respecto al recurso de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, merece un régimen especial, determinando su procedencia, el efecto de la apelación, su remisión al tribunal de apelación, el plazo fijado para el efecto, la forma y término de resolución.