SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1078/2019-S4

Respecto al contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre^[1], desarrolló las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, ya sea judicial, administrativa o cualesquier otra, que resuelva un conflicto o una pretensión: i) El sometimiento manifiesto a la Constitución Política del Estado, conformada por: a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia de los principios de constitucionalidad y de legalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes, que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa el valor justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; iv) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad; posteriormente, a través de la SCP 0100/2013 de 17 de enero^[2], se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; cual es: v) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos.

De la revisión de antecedentes, se evidencia que la accionante denuncia que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales por los siguientes hechos: i) Emitieron la Sentencia Agroambiental 02/2019 el 8 de febrero; por la cual, declararon improbada la demanda de nulidad de Títulos Ejecutoriales PPD-NAL-176088 y PPD-NAL-685224, interpuesta por su persona, a pesar de haber denunciado que nunca fue notificada dentro de los procesos de saneamiento ni de las pericias de campo, llevados a cabo por el INRA de los predios Caico y Aguayo, ambos de su propiedad; por lo que, la dejaron en completo estado de indefensión, ya que recurrieron a notificarla por edictos, cuando ella vive en un terreno colindante, y no sabe leer, porque tales actos viciaron de nulidad dichos procesos; y, ii) La certificación otorgada por las autoridades de la comunidad de la posesión de los adjudicatarios no puede valer más que sus documentos que demuestran su derecho propietario, extremo que tampoco fue tomado en cuenta por las autoridades demandadas.