SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0023/2019-S3

De esta manera, la acción popular al considerar los derechos e intereses colectivos y difusos puede ser interpuesta por cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad, sin poder expreso, contra aquella persona natural o jurídica, o contra la autoridad pública cuya actuación y omisión se considere que amenaza o viola el derecho o interés colectivo; y con carácter obligatorio debe ser ejercida por el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, cuando en el desempeño de sus funciones tengan conocimiento de estos actos. Siendo ésta una característica propia de esta acción tutelar.

Asimismo, la mencionada SC 0788/2011-R, al referirse ‘La sumariedad, responde a la naturaleza de la tutela efectiva, en cuanto a su forma de inicio y conclusión de la acción, se llevará a cabo en plazos muy breves y en una sola audiencia donde se producirá toda la prueba necesaria, en la que se emitirá la resolución final, sin perjuicio de su remisión ante el Tribunal Constitucional para revisión, cumpliendo similar procedimiento al establecido para la acción de amparo constitucional’.

Con referencia a la inmediatez, el art. 136 de la CPE, citado, es claro cuando establece: ‘I. La Acción Popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos (…)’. No existiendo plazos máximos o mínimos para la interposición de esta acción. Al respecto, la SC 1971/2011-R de 7 de diciembre, nos dice: ‘Conforme ya mencionó el Tribunal Constitucional, la acción popular tiene particularidades excepcionales respecto a las demás acciones de defensa, ya que no tiene un plazo de caducidad para ser ejercida, sin embargo, el plazo para su interposición está estrictamente limitado al tiempo que dure o subsista la violación o amenaza de los derechos e intereses colectivos’.