SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0300/2019-S2

Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: a) Se ordene que el demandado en el plazo de veinticuatro horas restituya adecuadamente todos los servicios básicos; b) Cesen todos los actos de amenazas y amedrentamiento, y que en caso de incumplimiento se remitan antecedentes al Ministerio Público; y, c) Pago de costas, daños y perjuicios ocasionados a ser averiguables en ejecución de Sentencia.

El entendimiento previamente señalado, fue modulado a través de la    SCP 0150/2018-S2 de 30 de abril, la cual dispuso las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a medidas de hecho: “…a) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías^[1], menos aún la vía procesal penal, que tiene otro objeto procesal y finalidad^[2]; b) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva^[3]; c) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos^[4]; aclarando que, cuando las Sentencias Constitucionales 0091/2018-S2, 0119/2018-S2, 0210/2018-S2 y 232/2018-S2, señalan que no se aplica el plazo de caducidad, se entiende que es mientras subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por cuanto, una vez que cesa la amenaza o la lesión de los mismos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho, comienza a correr el plazo máximo de seis meses para acceder a la justicia constitucional; aclaración que se realiza para evitar un uso distorsionado del precedente constitucional jurisprudencial^[5]; y, d) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria^[6]”.