La suscrita Magistrada, si bien comparte la decisión adoptada en la SCP 0486/2019-S1 de 24 de junio, que resolvió: “
Fecha: 24-Jun-2019
parte del primer agravio
En cuanto a parte del primer agravio, referido a la valoración de la prueba por parte del Juez que habría actuado en suplencia; al respecto, se responde señalando que un vez realizada la revisión del cuaderno disciplinario, evidentemente se tiene que la Jueza que dictó la Resolución se encontraba en suplencia de la autoridad que inició el proceso y llevó a cabo la investigación, aspecto que de ninguna manera quebranta el debido proceso; toda vez que, la indicada autoridad asumió funciones con las mismas facultades y competencias que su titular en los procesos de dicho juzgado, debiendo además tomarse en cuenta que el titular clausuró la etapa probatoria tornando imposible que la suplente reabra o realice actos investigativos, por lo que se valoró la prueba a momento de emitir Resolución.
En cuanto a la respuesta descrita sobre este punto, la misma resulta siendo carente de fundamentación y motivación; por cuanto, las autoridades demandadas, sin un sustento legal afirman que la Jueza a quo al asumir la suplencia de la autoridad que inició el proceso y llevó a cabo la investigación, de ninguna manera quebranta el debido proceso, porque habría asumido funciones con las mismas facultades y competencias que su titular; asimismo, refiere que debe considerarse que el titular clausuró la etapa probatoria tornando imposible que la suplente reabra o realice actos investigativos, al efecto sin efectuar mayor explicación se llega a la conclusión de que se valoró la prueba a momento de emitir la resolución; denotándose de ello una contestación poco clara y sin un sustento legal, ya que no se explica de forma precisa respecto a las pruebas valoradas, a objeto de afirmar de que la Jueza a quo valoró la prueba y por lo tanto no se quebrantó el debido proceso.
- CONFIRMAR en parte
- II.
- “El principio de congruencia hace a la garantía del debido proceso, que en definitiva marca el desarrollo del proceso para poder llegar a la sentencia, estableciendo un límite al poder discrecional del juzgador. A través de este principio se obtiene la concordancia entre el petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda
- a fin de que absuelva todos los puntos a consideración del juzgador
- De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes
- citra petita»
- el principio de congruencia responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes, la ausencia de relación entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por la autoridad jurisdiccional, contradice el principio procesal de congruencia
- La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones
- el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’”, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas.
- decisión sin motivación’
- fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno
- ‘motivación arbitraria’
- La fundamentación
- toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió
- En cuanto a la motivación
- “III.3.1. Consideraciones previas
- III.3.2. Sobre la denuncia sobre vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes congruencia, fundamentación y motivación
- 1)
- 2)
- 5)
- 6)
- i)
- iv)
- v)
- a)
- debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad y seguridad jurídica.
- no se pronunció
- segundo agravio
- 3)
- 4)
- a parte del primer agravio, al tercer, quinto y sexto
- iii)
- III.3.3. Con relación a la alegada vulneración de los derechos a la
- II.4. Análisis del caso concreto
- II.4.1. Sobre la denuncia de vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación
- parte del primer agravio
- segundo punto de reclamo
- cuarto agravio