SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0521/2019-S2

El derecho a la seguridad social está consagrado en el art. 45 de la CPE, que señala que todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, cuyo sistema en Bolivia, es el derecho de disponer de instrumentos que garanticen la seguridad y la salud de las personas, previniendo, enfrentando y resarciendo las contingencias, riesgos y daños propios de la vida social, tal como enfermedades, invalidez, accidentes, viudez, vejez, muerte, orfandad, incapacidad física o mental y otros, basándose en los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; y en concordancia con el art. 48.IV de la CPE, determina que los: “…beneficios sociales y aportes de seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”; los mismos que forman parte esencial del derecho a la seguridad social.

Los instrumentos internacionales que prevalecen en el orden interno conforme lo establece el art. 13.IV de la CPE, consagran este derecho de prioritaria atención para los Estados partes, así el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su art. 2.1 señala que cada uno de los Estados parte se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos por él reconocidos. En coherencia con lo anterior, su art. 9 dispone que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”. Así también, el art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), señala que toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y el art. XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), establece que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”. 

En ese marco, se concluye que los derechos fundamentales se encuentran enmarcados en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, que disponen que los estados partes, tienen la obligación de promover, proteger y respetar los derechos fundamentales, en base a interpretaciones orientada a aplicar, en este caso las normas sociales en base a los principios de favorabilidad y la máxima eficacia de los derechos económicos sociales y culturales, con el fin de garantizar el respeto de todos los derechos sin distinción alguna, apartándose de cualquier criterio de limitación o restricción arbitraria e irrazonable.

El objeto de la seguridad social militar, es la protección de la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación, sus esposas, hijos y demás familiares y dependientes, preservar la continuidad de sus medios de subsistencia y su equilibrio presupuestario cuando se vean afectados por las contingencias sociales y económicas previstas en la presente Ley; dotarles de vivienda compatible con la dignidad humana y, en general promover el mejoramiento permanente de su nivel de vida.

A ese efecto, el art. 3 de la citada disposición legal, señala como sujetos de la seguridad social a: “…los miembros activos de las Fuerzas Armadas, los pensionistas temporales y permanentes, las esposas o convivientes, los padres, hijos y hermanos que viven en su hogar a sus expensas y los derechohabientes de los asegurados fallecidos…”, concordante con el      art. 4 establece que el Seguro Social Militar, administrará prestaciones básicas y complementarias. Entre las primeras se encuentran el régimen de salud, régimen de vejez, invalidez, riesgos profesionales, régimen de sobrevivencia y régimen de vivienda. Entre las segundas, se encuentran el régimen de cesantía y el régimen de capital asegurado.

En cuanto al régimen de cesantía, el Capítulo I del Libro Tercero, Del Sistema de Prestaciones desarrolla su regulación, estableciendo en el      art. 141 que: “El capital de cesantía es un pago global que se concede al asegurado, que cesa en la función activa dentro de las Fuerzas Armadas o pasa a la situación pasiva en proporción a su tiempo de servicios para permitirle adaptarse a una nueva actividad, sea o no rentada”. Tendrá derecho a este pago, el asegurado que pasare a la situación pasiva o que cesare de servir a las Fuerzas Armadas, voluntaria o forzosamente, cualquiera que fue la causa, y siempre que hubiera aportado a COSSMIL durante más de sesenta mensualidades, correspondiéndole por concepto de capital de cesantía un pago global equivalente a un sueldo mensual por cada dieciocho meses cotizados (art. 142). Para efectos del pago del capital de cesantía se computará como sueldo, el promedio de los salarios percibidos y cotizados en los últimos doce meses (art. 143).

Por la normativa expuesta se tiene que la seguridad social, es un derecho fundamental, que asegura la protección integral de la persona, con el fin de que ésta tenga los ingresos indispensables para vivir con dignidad, asegurando la protección y preservación de su vida, salud física y mental, continuidad de su seguridad económica, descanso y protección de su núcleo familiar. En el marco de la Ley de Seguridad Social Militar, el capital de cesantía tiene por objetivo de asegurar la continuidad de la satisfacción de las necesidades a quien no se encuentra en el servicio activo de las FFAA, cuyo capital proviene de las aportaciones individuales que realizan los asegurados con los descuentos a sus salarios para enfrentar las contingencias de la cesación de servicios en la que se encuentran.