SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0615/2019-S3

El art. 128 de la CPE, establece que la acción de amparo constitucional fue instituida como una acción de defensa: “…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. De igual manera el art. 51 del CPCo, prevé que el objeto de la acción de amparo constitucional es garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley. Y conforme se describe en los arts. 54 y 55 del citado cuerpo legal, esta acción tutelar tiene carácter extraordinario, basada en los principios de subsidiariedad e inmediatez; es decir, que antes de su interposición debió agotarse todos los medios ordinarios de defensa, ya sea en la vía jurisdiccional como administrativa, a los fines de que sea en dichas instancias se reparen los supuestos hechos ilegales o vulneradores; y, considerando que la citada acción tutelar tiene también como objeto la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales vulnerados de manera indebida o ilegal, la misma debe ser planteada oportunamente y después de agotar los recursos de defensa e impugnación, que para tal efecto se ha previsto su interposición en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. Al respecto, la SCP 1064/2016-S3 de 3 de octubre, señaló que: “La SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario y supletorio ‘…en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria’.