SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0809/2019-S2

2)   Con referencia a la denuncia que no se fundamentó por qué se considera que la accionante sigue siendo un peligro efectivo para la víctima, por cuanto, la subsistencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.10 del CPP, se basó únicamente la declaración en cámara gessel de la menor, habiéndose efectuado una errónea valoración de la prueba aportada; los Vocales demandados mediante el Auto de vista 129/2019 manifestaron que cuando una menor de edad efectúa una declaración informativa en cámara gessel o una entrevista ante una autoridad administrativa competente, el Código Niña, Niño y Adolescente, estipula que su declaración goza de presunción de verdad y quien tiene que desvirtuar este extremo es la parte imputada, a través de los elementos probatorios pertinentes, razón por la que para desvirtuar dicho riesgo se debió solicitar un nuevo informe psicológico de AA, con el objeto de establecer que la misma ya no le guarda temor a la accionante, no siendo los demás documentos presentados los pertinentes para enervar el citado riesgo procesal.

Advirtiéndose de lo anotado que el Tribunal de apelación fundó su determinación confirmar la subsistencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.10 del CPP, en mérito a las disposiciones legales y constitucionales vigentes, así como la prueba que cursa en el cuaderno de investigaciones, para concluir que las pruebas documentales presentadas, consistentes en los informes psicológicos, son anteriores a la aplicación de la medida cautelar, resultando impertinentes, en razón a que cuando se trata de proteger los intereses de una menor de edad, por mandato del art. 58 y 60 de la CPE, el Código Niña, Niño y Adolescente y la Convención Belem Do Para, se debe aplicar una protección reforzada, efectiva e integral, por ello, para desvirtuar dicho riesgo la peticionante de tutela debió solicitar un nuevo informe psicológico de AA, con el objeto de establecer que la misma ya no le guarda temor a la accionante, por lo que se debe presentar mayores elementos probatorios idóneos y pertinentes para enervar el citado riesgo procesal.