SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0596/2020-S2

Adán Willy Arias Aguilar y Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitieron informe escrito de 7 de octubre de 2019, cursante de fs. 80 a 82 vta., mediante el que solicitaron se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) Por Auto de Vista 138/2019 dejaron sin efecto la Resolución 18/2019, decisión que cumple con el art. 124 del CPP, utilizando los criterios de la sana crítica y conforme a las reglas impuestas en el art. 398 del citado Código; es decir, el límite de la competencia es el “agravio” y en función al principio de legalidad, la hoy accionante considera que existe falta de fundamentación y motivación, sin precisar en qué consiste la misma; 2) La impetrante de tutela pretende utilizar la presente acción de defensa, como una instancia más para revertir una resolución dictada en un proceso ordinario, lo cual no puede conocer un Tribunal de garantías, porque el razonamiento expresado por los jueces de la justicia ordinaria se debe a su independencia por el principio de legalidad, lo que intenta la peticionante de tutela es que el Tribunal de garantías valore aspectos que solo son de competencia de los jueces ordinarios; 3) No se puede realizar por el juez o tribunal de garantías una nueva valoración, sino quebrantaría el principio de interpretación de la legalidad ordinaria, la misma que está reservada a la jurisdicción ordinaria; sin embargo, para que el juez de garantías realice otra interpretación sobre lo ya resuelto, deber existir falencia en la fundamentación e incongruencia, lo que no sucede en el presente caso; y, 4) La parte accionante intenta justificar la relación de causalidad entre los derechos fundamentales previstos en la Norma Suprema y el acto vulneratorio por parte del Tribunal de alzada, extremo que no sucede en el presente caso, debido a que no establece de manera clara cómo los demandados hubieran lesionado derecho o garantía procesal alguna con la emisión de la Resolución de alzada. 

La contextualización de línea jurisprudencial realizada en la               SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, se refirió tanto a la motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso, como la valoración de la prueba en sede constitucional; ante el primer elemento expresó: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre^[1], la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio^[2], se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,   d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En ese marco, la SCP 1215/2012^[15] de 6 de septiembre, resumió los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia …se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos y garantías fundamentales, en consecuencia debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.