SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0736/2020-S3
Fecha: 12-Nov-2020
1)
Soledad Solana Molina Pereira, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: 1) El Vocal ahora accionado no vulneró ningún derecho ni garantía constitucional del accionante; 2) Lo que el accionante no manifestó es que se cumplió a cabalidad la normativa, toda vez que, se le concedió la cesación de la detención preventiva; 3) Se impuso una fianza económica que no es de imposible cumplimiento como manifiesta el accionante, debido que este estafó a varias personas más de medio millón de dólares, motivo por el cual tiene muchos procesos penales; y, 4) No se acreditó con prueba suficiente para que se pueda modificar el monto de la fianza económica. Respecto a que si tiene o no una enfermedad de base, ese aspecto no fue tomado en cuenta porque no fue uno de los motivos para que se le disponga la detención preventiva.
Para resolver el problema jurídico planteado, se desarrollarán los siguientes temas como principales elementos de los fundamentos jurídicos: 1) La no exigencia de carga argumentativa para activar la acción de libertad cuando se demanda revisión de la legalidad ordinaria; 2) La naturaleza jurídica de la medida cautelar personal de detención preventiva; 3) La interpretación de la norma contenida en el art. 245 del CPP; 4) Las solicitudes de modificación de medidas cautelares personales, deben ser consideradas necesariamente en audiencia; 5) La obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar sus resoluciones; 6) La valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional; y, 7) Análisis del caso concreto.
1) Mediante “…resolución de fecha 6 de diciembre de 2019…” (sic), se declaró la procedencia de la cesación de la detención preventiva del accionante imponiéndole ciertas medidas menos gravosas a la detención preventiva, entre ellas, la fianza económica de Bs120 000.- que no fue apelada por ninguna de las partes; por consiguiente, se trata de una Resolución ejecutoriada, toda vez que existe la conformidad de las partes.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- primer motivo
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- III.1.
- resulta necesario recordar que la característica del informalismo constituye un principio configurador de la naturaleza jurídica de la acción de libertad
- bajo el principio del informalismo, por un lado, no podrán exigirse presupuestos formales a ser cumplidos por el accionante para activar el ámbito de protección de la acción de libertad; y de otro lado, tampoco podrá requerirse la observancia al accionante de libertad, de entendimientos jurisprudenciales referidos a las exigencias de carga argumentativa a ser cumplidas en la demanda u otros requisitos que impliquen una carga procesal para activar este mecanismo procesal al no encontrarse la acción de libertad sujeta a requisitos de admisibilidad. En tal sentido, los presupuestos para la revisión de la legalidad ordinaria establecidos por la jurisprudencia constitucional para la acción de amparo constitucional no pueden ser exigidos como presupuestos a ser observados a quien demanda de acción de libertad, dado que dicha carga argumentativa resulta adversa a
- La aplicación de la detención preventiva únicamente se justifica cuando es comprendida como una medida cautelar y no así una sanción, por cuya razón es importante analizar algunas características y peculiaridades de las medidas cautelares
- la detención preventiva, deben ser comprendidas de manera inescindible con las características antes señaladas, de concebirse de manera separada, se corre el riesgo de comprender a dicho instituto jurídico como una verdadera sanción y no así desde su dimensión cautelar de función estrictamente procesal.
- la finalidad de las medidas cautelares y, en concreto de la detención preventiva, se puede constatar en el texto contenido en el art. 221 del CPP, cuyo tenor literal señala:
- la detención preventiva es la clara manifestación de la restricción o limitación del ejercicio del derecho a la libertad física
- La doctrina determina que la aplicación de una medida cautelar, responde a una determinada situación de hecho existente al momento de ser adoptada por la autoridad jurisdiccional emergente de la petición fundamentada de parte, resolución que variará si las circunstancias que la motivaron sufrieran alguna modificación a lo largo del proceso, lo que obliga a su modificación o revocación […]
- revisabilidad, la misma implica que la medida cautelar responde a una determinada situación de hecho existente al momento de ser adoptada por la autoridad jurisdiccional, por lo que si la situación de hecho variara de igual forma la medida cautelar
- El art. 250 del CPP establece:
- por lo que si la situación de hecho variara de igual forma la medida cautelar impuesta, no siendo posible negar la posibilidad de que cambien las situaciones de hecho que generaron una determinada medida cautelar, o sean estas sobrevinientes a una resolución que determino la situación jurídica del imputado
- la norma prevista por el art. 245 del citado cuerpo legal es aplicable a los casos en los que el encausado o procesado se encuentre privado de su libertad por una detención preventiva y se disponga la cesación de la medida sustituyéndola por una fianza económica, es en ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza
- la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, sólo puede ser aplicado a los supuestos en que el imputado hubiera estado detenido preventivamente en virtud a una resolución judicial debidamente fundamentada, y en forma posterior se le concede las cesación de su detención, sustituyéndola con una fianza real, por presentarse alguno de los casos establecidos en el art. 239.
- de manera contradictoria y en una inadecuada aplicación de la norma prevista por el art. 245 del nuevo Código de Procedimiento Penal, ordenó su detención preventiva hasta que ofrezca la fianza, dando como resultado la desnaturalización de la medida cautelar de detención preventiva, al ser utilizada como un medio de coacción para lograr el cumplimiento de la fianza
- una medida cautelar impuesta contra un imputado puede en cualquier momento del proceso ser revocada o modificada, no sólo a pedido de parte, sino incluso de oficio, situación en la cual, el Juez cautelar necesariamente debe seguir con el procedimiento establecido y señalar audiencia para considerar la revocación o modificación de la medida impuesta, actuación en la cual valorará la intervención de las partes, la prueba aportada, los antecedentes de la investigación y de acuerdo a ello emitirá una resolución fundamentada sobre la medida cautelar existente, lo que significa, que la resolución asumida por el Juez no puede ser emitida en forma directa, sino -se reitera- previa audiencia, y además de ello deberá estar contenida en una resolución fundamentada, no siendo admisible pronunciamiento a través de un simple decreto o providencia, puesto que no se trata de una cuestión de mero trámite sino más bien de pronunciarse sobre la situación jurídica del imputado
- para resolver sobre la aplicación, cesación o revocatoria de medidas cautelares de naturaleza personal, es condición esencial su consideración en audiencia pública y que la parte imputada esté presente, puesto que la nueva normativa procesal penal está regida por los principios de oralidad e inmediación
- el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación
- la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los mismos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé
- deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión
- la constitucional no puede ingresar a valorar prueba o revalorizarla, alcanzando su competencia y facultades únicamente a determinar la existencia de lesión de derechos en dicha labor, centrada básicamente en verificar apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/u omisión valorativa
- i)
- Fragmento 31
- a) Respecto a la primera problemática
- 2)
- 3)
- revisabilidad
- b) Con relación a la segunda problemática
- Fragmento 37
- ii)
- c) Sobre a la tercera problemática
- CONFIRMAR