SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0752/2020-S4

Ante la inobservancia de la solicitud de traslado, o cuando el mismo no cumpla la finalidad prevista, la persona privada de su libertad, sin necesidad de acudir a la reclamación en la vida ordinaria, puede activar la acción de libertad, debiendo demostrar que su derecho a la vida, e integridad física, corren riesgo si no es atendido medicamente; por ello, la SCP 0193/2012 de 18 de mayo, sostuvo que: “…conviene remarcar que uno de los fines del Estado, es garantizar el bienestar las personas, lo que se traduce en el reconocimiento del derecho no sólo a la vida sino también a la salud, pues el vivir bien no sólo supone reparar en que la vida es consustancial al hombre y la naturaleza que debe resguardarse la salud de las personas de modo que ésta no ponga en riesgo la vida…

…el derecho a la salud es consustancial en ocasiones al derecho a la vida;  corresponderá tutelarse cuando se advierta que a consecuencia del deterioro a la salud una persona, ésta se encuentra confrontando un grave riesgo para su vida, lo que, en su caso, exigirá de parte del Estado, la adopción de medidas apropiadas que contribuyan a garantizar el cuidado y atención oportuna a la salud de las personas privadas de libertad…”.

Por lo expresado, se tiene que, los permisos de salida o traslado a centros hospitalarios ante una emergencia de salud del privado de libertad solicitados por el interno, su representante o un familiar ante la autoridad de control jurisdiccional de la causa, en caso de urgencia al Juez de Ejecución Penal o en caso de extra urgencia al Director del Centro Penitenciario, requieren previamente del informe del médico del referido Centro; por el cual, en resguardo del derecho a la salud, por su directa vinculación con el derecho a la vida, se recomiende el traslado del interno al recinto hospitalario para su correspondiente valoración y tratamiento clínico especializado; ya que, el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, establece el procedimiento para proporcionar el resguardo adecuado a dichos derechos tomando en cuenta las previsiones de seguridad pertinentes para ello.