SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0136/2020-S1

En este marco, la primera parte de la disposición legal que se analiza, no consigna un deber en concreto incumplido; que en términos del accionante, se refieren a que la Alcaldesa demandada debe proceder a la determinación y liquidación de la deuda tributaria, por cuanto lo que comprende este precepto normativo, es únicamente una definición de lo relativo a la determinación tributaria, mencionando a quienes se atribuye la potestad de declarar su existencia y la cuantía, que dicho sea de paso, no es específica; toda vez que entre estas formas de determinación puede intervenir tanto el sujeto pasivo o la administración tributaria, individual o conjuntamente, siendo la formulación de Administración tributaria de manera general e imprecisa; ya que su contenido no alude de manera categórica a un servidor público en concreto, menos asigna esta responsabilidad a la MAE de una entidad.  

En consecuencia, se tiene que esta disposición legal no contiene un mandato específico y concreto, que resulte directamente exigible a la Alcaldesa demandada; ya que se excluye de la acción de cumplimiento, la posibilidad de que se promueva interpretaciones respecto a la existencia de una obligación (Fundamento Jurídico III.2.1) pues como vimos su finalidad es exigir el cumplimiento de un deber omitido que debe ser imperativo, expreso, claro y concreto, atribuible a un servidor público que tenga la competencia, en este caso, para cumplir con la determinación aparentemente incumplida y por tanto que tenga legitimación pasiva; por lo que, se concluye que la autoridad demandada con relación a este precepto normativo, no incurrió en un incumplimiento, que pueda dar viabilidad a la tutela solicitada.