SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0325/2020-S1

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) Se deje sin efecto y de manera inmediata, la Resolución 71/2019 de declaratoria de abandono de querella dictada dentro del proceso penal seguido contra Fernando Quispe Ascencio, y se le permita intervenir en dicha causa en calidad de querellante y acusador particular; b) Remita antecedentes al Ministerio Público a fin de que se sancione la posible comisión del delito de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, previsto y sancionado por el Código Penal; y, c) Se condene a los demandados al pago de costos y costas procesales, considerando que la vulneración de derechos constitucionales ha sido personal.

Wendy Luna Castro, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia manifestó: a) El señalar por parte del accionante de que la determinación del abandono de querella se ha asumido de forma oficiosa sin habérsele concedido un plazo prudente como dispone el procedimiento para justificar su ausencia es falaz; b) Uno de los fundamentos del abandono de querella en la Resolución 71/2019 es la total negligencia por parte del ahora impetrante de tutela, pues se le concedió el tiempo prudente para que justifique las ausencias; c) El proceso actualmente está en un Juzgado de Instrucción para la fase de saneamiento procesal aspecto que ha sido observado durante la etapa de juicio; y, d) El peticionante de tutela está confundiendo o pretendiendo confundir que el abandono de querella que se ha dispuesto durante la fase de juicio va incidir en la fase de instrucción, empero, se han retrotraído los actuados para precisamente se realice los actos pendientes.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: a) La declaración de abandono de querella debe obedecer a una muestra incuestionable de tal abandono y desinterés en seguir la acción penal; b) Sobre el abandono de la querella y, c) Análisis del caso concreto.

Abordando el tema, pero desde la perspectiva de delitos de acción privada, la jurisprudencia constitucional, en la SC 0243/2006-R de 15 de marzo[1], concluyó que: a) El abandono de la querella impide toda posterior persecución penal por parte del querellante; y, b) Para declarar el abandono de la querella debe existir una evidente dejación por parte del querellante de sus pretensiones de continuar con la acción penal al no concurrir o no presentarse a la audiencia fijada por el juez y no justificar su inasistencia, debiendo existir una muestra incuestionable de tal abandono.

A su vez, la SC 1507/2011-R de 11 de octubre[2], entre otras, señaló que no puede declararse el abandono de querella y consiguiente extinción de la acción y archivo de obrados de ipso facto, puesto que la autoridad jurisdiccional está constreñida a otorgar un plazo prudencial al querellante para permitirle justificar su ausencia, con la finalidad de determinar si existió causa justa para dicha omisión, de lo contrario, se dejaría al querellante en indefensión y se violaría su derecho de acceso a la justicia en calidad de víctima, al no habérsele oído previo a asumir cualquier decisión judicial, conforme dispone el art. 121.II de la CPE; concluyendo al final que para declarar el abandono de la querella debe existir una evidente dejación por parte del querellante de sus pretensiones de continuar con la acción penal, al no concurrir o no presentarse a la audiencia fijada por el Juez y no justificar su inasistencia demostrando total desinterés en seguir la acción penal.

En otro orden de cosas, si la conducta del patrocinante de los querellantes se enmarca en los presupuestos contenidos en el art. 292 del CPP, ésta no puede ser considerada como acto propio del querellante o víctima; en consecuencia, la negligencia o dejadez del profesional causídico de la parte acusadora no puede ser considerada causal para la declaratoria de abandono de querella y la consecuente extinción de la acción penal, puesto que, el abogado únicamente es el defensor de los intereses y derechos de su patrocinado. Sin embargo, ello no le permite a este profesional actuar con negligencia, desgano, dejadez o deslealtad, al contrario, su labor principal estriba en servir fielmente a la materialización de la justicia y coadyuvar con su administración, siendo en consecuencia su obligación, observar estrictamente las normas jurídicas y morales a fin de afianzar los intereses y derechos de su cliente.

Entonces, la referida Sentencia Constitucional generó subreglas para la interposición del recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven excepciones, señalando que: “a) En la etapa preparatoria es posible interponer recurso de apelación incidental, con la aclaración que dicha apelación no tiene efecto suspensivo; y, b) En el juicio oral no es posible interponer recurso de apelación incidental para impugnar las resoluciones que rechacen excepciones, en mérito a que el juicio oral debe desarrollarse sin interrupciones; por ende, las partes podrán reservarse el derecho de recurrir una vez pronunciada la sentencia cuando exista agravio”. Razonamiento que fue posteriormente ampliado a los incidentes por la SC 0873/2010-R de 10 de agosto, que respecto a los medios de impugnación a utilizarse en el juicio oral para las resoluciones que resuelven incidentes, establece que deben ser los mismos que se utilizan para las excepciones, en el marco de lo establecido en la SC 0421/2007-R.