SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0503/2020-S1

De todo este desarrollo jurisprudencial, glosado en los Fundamentos Jurídicos III.4 y III.4.1, se tiene que el Tribunal Constitucional mediante la jurisprudencia emitida cumpliendo el postulado contenido en el               art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa que, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones.

Con referencia al informe de 17 de enero de 2020, prestado por la autoridad judicial codemandada, en sentido que carecería de legitimación pasiva, en razón de que el Gobernador del Penal de San Pedro del departamento de La Paz, es responsable de  dar cumplimiento al traslado del -hoy accionante-, al centro médico; no obstante, que dicha aseveración resulta certera; sin embargo, ello no implica que la autoridad judicial hoy codemandada, haya asumido una actitud pasiva sobre estos hechos y por el contrario estando denunciado el derecho a la salud y la vida del hoy peticionante de tutela, debió imprimir la celeridad correspondiente, omisión que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.4, desarrollado dentro la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde tutelar bajo su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa que, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones.