SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0536/2020-S3

Los accionantes a través de su abogado en audiencia ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestaron que: 1) De acuerdo al certificado médico que adjuntan, se evidencia que la coaccionante Wendy Milenka Callejas Téllez, quien al momento de los hechos suscitados se encontraba en estado de gestación catalogado como de alto riesgo, tuvo que programar la interrupción de su embarazo, a través de una cesárea, influyendo para ello los acontecimientos denunciados; 2) Cuentan con contratos de trabajo hasta enero de 2020, por lo que a través de esas medidas de hecho no se puede destituirlos; 3) De acuerdo con los certificados médicos forenses que adjuntaron, acreditaron que no solo fueron desalojados de sus fuentes de trabajo, sino, también fueron agredidos; 4) Con el folio real presentado demostraron que el bien inmueble donde funciona el Hospital General San Juan de Dios Bloque Oruro Corea, es un bien que no pertenece a los accionantes ni a los hoy accionados; sino al Estado; 5) En la publicación del periódico “La Patria” del día siguiente a los hechos se evidencian las lesiones físicas que sufrieron, sin considerar que entre ellos se encontraban personas en estado de gestación; 6) Solicitaron que se les garantice el retorno a sus fuentes de trabajo inmediatamente de manera libre y alejados de cualquier presión o amenaza; y, 7) Javier Cristian Fulguera Condori, Director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Oruro, en el informe presentado a esa Sala Constitucional, indicó que el art. 5 inc. d) del Decreto Supremo (DS) 25233 de 27 de noviembre de 1998, señala que una de las características de los hospitales de tercer nivel es la autonomía de gestión, encontrándose bajo ese régimen también sus trabajadores, por lo que corresponde que la persona indicada, como Director del SEDES Oruro, exponga lo pertinente sobre los hechos denunciados.