SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S1ª Nº 053/2023

Conforme lo dispuesto por los arts. 7, 12-I, 186 y 189-3 de la CPE; arts. 11, 12, 144-4 de la Ley N° 025 y 36.3 de la Ley N° 1715, es competencia del Tribunal Agroambiental, conocer y resolver en única instancia procesos contencioso administrativos respecto de actos y resoluciones administrativas que definen derechos en materia agraria, forestal y ambiental, encontrándose facultado para examinar los actos administrativos y las disposiciones legales aplicadas en sede administrativa durante la sustanciación del proceso administrativo sancionador, que son motivo de impugnación por el demandante, a fin de determinar si la resolución impugnada emerge o no de un debido proceso.

El proceso contencioso administrativo es un procedimiento de control judicial que tiene como finalidad verificar la legalidad de los actos que realiza el Estado a través de sus funcionarios administrativos, con el propósito de precautelar la correcta administración pública, la cual debe enmarcarse en la Ley y en el Estado Constitucional de Derecho, vinculado a los intereses del administrado cuando son lesionados o perjudicados en sus derechos.

En este sentido, el tratadista Argentino Emilio Fernández Vásquez en su obra Diccionario de Derecho Público, señala: "Los procedimientos que se cumplen ante la administración pública, deben ajustarse a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y, entre otros, al requisito del debido proceso adjetivo que comprende: el derecho a ser oído, para lo cual deberá ser citado debidamente el interesado y otorgarle un plazo razonable para defenderse; el derecho a ofrecer y producir pruebas, debiéndosele hacer conocer las que utiliza la administración para que pueda ponderarlas, admitirlas o impugnarlas; el derecho de alegar sobre el mérito de las pruebas; el derecho a la decisión fundada; el derecho a interponer contra la decisión que recaiga los recursos autorizados por la ley". (las cursivas son añadidas).

Fj.II.2. Análisis del caso concreto

Conforme se tiene identificado los problemas jurídicos del presente caso en el punto II. de los Fundamentos Jurídicos del Fallo, del análisis de la demanda y respuesta, compulsado con los antecedentes administrativos de la sustanciación del proceso administrativo ambiental por Infracción Meramente Administrativa y de Impacto Ambiental, que dio origen a la emisión por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a la Resolución Administrativa AP N° 074/2021 (RA-SDSYMA-AL-FCR- AP-074-2021), de 20 de octubre de 2021  disponiendo la apertura de proceso administrativo sancionador, presentando sus  descargos y pese a eso habrían sido sancionados como Empresa, cursa Recurso de Revocatoria el cual fue confirmado mediante Resolución Administrativa RR Nº 074/2021 con código RA SDSYMA-AL-JAOC-RR-074- 2021, al cual se planteó Recurso Jerárquico que tuvo como resultado la Resolución Ministerial-AMB N° 43 de 13 de julio de 2022 emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua confirmando la Resolución Administrativa RR NF 074/2021 con código RA SDSYMA-AL-JAOC-RR-074-2021; se establece lo siguiente: