Resolución recurrida: Sentencia N° 1/2020 de 21 de enero de 2020, pronunciada por la Jueza Agroambiental de San Borja.

La Sala Primera del Tribunal Agroambiental, con la atribución conferida por los arts. 189.1) de la CPE, 11,12 y 144.I inc. 1) de la Ley 025, 36.1) y 87.IV de la Ley 1715, de conformidad al art. 220.III-1-c) de la Ley 439 de aplicación supletoria a materia agroambiental por disposición del art. 78 de la Ley N° 1715 y, en consecuencia:

1º. Deja sin efecto la Sentencia N° 01/2020 de 21 de enero de 2020, pronunciada por la Jueza Agroambiental de San Borja; anulando obrados de oficio, hasta el Auto de Admisión de 2 de agosto de 2019 inclusive (fs.71 y vta. de obrados), al haber tramitado el proceso sin observar la falta de personería en la parte actora conforme previsión del art. 835-I del Cód. Civ., concordante con el art. 35-I y III de la Ley N° 439, evidenciándose violación a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la persona que intervino, bajo representación, en el acto jurídico de la que deriva la controversia. A ese efecto, la autoridad debe reencauzar el proceso previa citación y notificación al vendedor Hector Ramón Prince Choque . Además de ser evidentes las transgresiones procesales identificadas en el presente proceso que ameritan su corrección en vía disciplinaria, salvando las acciones que los justiciables pudieran activar.

2º . Se exhorta a la Jueza Agroambiental de San Borja, que en cumplimiento de las normas contenidas en los arts. 115 de la CPE, arts. 4, 24 nums. 2 y 3), 35.I y III, 105.II, 113.I de la Ley N° 439, el art. 17 de la Ley N° 025, la jurisprudencia agroambiental y constitucional vinculante, tramite la causa en sujeción al debido proceso, la seguridad jurídica, la buena fe y lealtad procesal, debiendo cumplir con su deber, conforme lo razonado en el FJ.II.2, FJ.II.3 y FJ.II.4 de la presente resolución.

3º . Se llama severamente la atención a la Jueza Agroambiental de San Borja por haber incumplido las reglas procesales previstas en los arts. 3, 4, 5 y 35.I y III de la Ley N° 439 referidas a la buena fe, la lealtad procesal, el debido proceso y el acatamiento a las normas procesales que son de orden público, puesto que al haber tramitado la causa sin la existencia de documentación idónea que acredite la personería de la parte actora para tramitar la demanda de Cumplimiento de Contrato y Pago de Daños y Perjuicios, ha ocasionado graves perjuicios a las partes procesales y terceros ajenos a la relación procesal, más cuando de manera desproporcionada e injustificada dispuso medidas cautelares sin considerar su naturaleza, requisitos, procedencia y restricciones contempladas en los art. 311, 317 y siguientes de la Ley N° 439.

4º. Por haber incurrido en responsabilidad inexcusable, se impone a la Juez Agroambiental de San Borja la multa de Bs. 1000.- que será descontada de sus haberes por la Unidad Administrativa y Financiera del Órgano Judicial en coordinación con la Unidad Administrativa del Tribunal Agroambiental.

De conformidad a la previsión contenida en el artículo 17 parágrafo IV) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, notifíquese con la presente resolución al Consejo de la Magistratura para fines consiguientes de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. -

Ángela Sánchez Panozo Magistrada Sala Primera

María Tereza Garrón Yucra Magistrada Sala Primera