Auto Supremo AS/0175/2015

Cabe aclarar que, en la práctica forense muchos entienden que el art. 90 del CPC, al señalar que las normas procesales son de orden público y que las estipulaciones contrarias serían nulas, autorizaría al juez a anular todo el proceso en el que se hubiere incurrido en cualquier defecto en su tramitación aunque tal hecho no estuviere expresamente sancionado con nulidad; ello no resulta así, pues, cuando el art. 90 del CPC, dispone que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio, sólo establece el carácter publicista del proceso, que no permite, bajo sanción de nulidad, a convenir renuncias a las reglas del procedimiento como se lo hacía en el procedimiento anterior, por lo tanto la nulidad a la que se refiere dicha norma, expresa tan solo las renuncias que se convienen de las reglas del proceso y nunca a los simples errores en la tramitación de los juicios, por cuanto las nulidades procesales se rigen, entre otros, por el principio de especificidad o legalidad consagrado por el art. 251.I del CPC, al reservarse a la Ley, la determinación de las nulidades procesales