Auto Supremo AS/1004/2016

Acusa también la vulneración del art. 481 del Código Civil al consentir por la Juez A-quo y el Tribunal de apelación en el anuncio de resolución de contrato comunicado a la demandada Rosmery Vargas como una amenaza para justificar los actos de los demandados.
Refiere existir error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, señalando que el acto impugnado en sede judicial mediante el contencioso administrativo por Rosmery Vargas Albornoz versa sobre otra resolución administrativa de recurso jerárquico, así se evidenciaría por las pruebas adjuntadas por la propia demandada de fs. 293 a 338 (proceso contencioso administrativo) cuestionando la resolución administrativa del recurso jerárquico Nº 04-005-07 de fecha 03 de diciembre de 2007 completamente distinto y diferente al Auto de 10 de noviembre de 1995 que declara ejecutoriada y de cosa juzgada la Resolución Administrativa Nº 10/95 y por ende firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 29/95 de 31 de enero de 1995 así como el Pliego de Cargo por la suma de Bs. 3.834.798 y por tanto de suma líquida y exigible.
Indica también que las resoluciones del recurso jerárquico agotan la vía administrativa y son de inmediata ejecución y de cumplimiento obligatorio y el Juez A-quo y el Tribunal de apelación al aseverar que no existe suma líquida y exigible no han valorado adecuadamente las pruebas adjuntadas en el legajo cursante de fs. 293 a 338 de obrados.
Con relación a la falta de anotación preventiva sobre los bienes de la deudora con miras a establecer el requisito previsto en el num. 3) del art. 1446 del Código Civil extrañado por los de instancia, refiere que a fs. 19-27 y 432-435 cursa la impugnación mediante contencioso tributario en contra del Pliego de Cargo Nº 327/07, el cual según el art. 131 de la Ley 1340 provocó que la Administración Tributaria suspenda todo acto administrativo de ejecución, entre estos realizar gravámenes en DD.RR., retención de cuentas, etc., ya que dicho proceso debió culminar conforme a las previsiones de las Leyes 1340 y 1455, cuyo decreto de cúmplase recién fue notificado al SIN el 28 de noviembre de 2005, cuando ya se habían transferido los bienes (fs. 30, 35, 50, 84, 287-289), consiguientemente la Administración Tributaria no tuvo posibilidad alguna de proceder con la anotación preventiva en DD.RR. sobre los bienes inmuebles que eran de propiedad de Rosmery Vargas Albornoz, no existiendo negligencia y dejadez como afirmaron los de instancia; bajo esos antecedentes señala que la sentencia y el Auto de Vista no valoraron las pruebas aportadas por el SIN y por la demandada cursantes a fs. 19-27 y 432-435.
Denuncia también la falta de valoración de la prueba de fs. 251 (certificación de la comunidad) la que acreditaría que Rosmery Vargas Albornoz y su esposo Fernando Ramiro Orellana Herbas serían garantes de Félix Andrade Guyarachi manteniendo una relación estrecha de amistad y confianza entre el deudor y los garantes, prueba que desvirtuaría lo afirmado por el Ad-quem en el inc. e) del Auto de Vista y no habría sido valorada por ninguna de las dos instancias; señala también que a fs. 645 a 1165 cursa documentos adjuntados en calidad de prueba de reciente obtención y aceptado por proveído de fs. 1172 en la que se evidenciaría una escritura de transferencia del supuesto comprador Félix Andrade Guarachi del bien inmueble con matrícula computarizada Nº 3.01.1.02.0003708 a favor de la Estación de Servicio Circuito Bolivia, cuyo accionista principal es justamente Fernando Ramiro Orellana Herbas (esposo de Rosmery), configurándose de esta manera el dolo del tercero comprador, cuyas pruebas tampoco habrían sido valoradas por el Ad-quem.
Continuando denunciando la falta de valoración de las documentales de fs. 238-283 y de fs. 1230 (certificaciones bancarias) que acreditarían que Félix Andrade Guarachi, Oscar Ferrufino Guzmán Guillen y Rosmery Vargas Albornoz no contaban con capacidad económica de pago para proceder a la compra de ningún bien inmueble, desvirtuando de esta manera el inc. c) del Auto de Vista, prueba última que no habría sido apreciada por el Ad-quem y las demás lo hizo con evidente error de hecho