Auto Supremo AS/0850/2018-RRC

De esa relación necesaria de antecedentes, si bien, el Auto de Vista recurrido, constató que se valoró la gravedad del hecho, los móviles y circunstancias, el grado de instrucción y “todo lo que establece y mandan los arts. 37, 38, 39, 40 y 41 del Código Penal”; no obstante, no se pronunció respecto a por qué el Tribunal de mérito le aplicó “una sanción de 3 años y 6 meses de reclusión, es decir al filo de la pena máxima de 4 años”; además, que la Sentencia no expresaría las circunstancias agravantes, atenuantes y la personalidad del autor, agravios que conforme se tiene de lo extractado en el acápite II.2 de este fallo, fue reclamado por el recurrente a tiempo de interponer su recurso de apelación restringida; sin embargo, no fue respondido por el Tribunal de alzada; en consecuencia, se evidencia que incurrió en contradicción con el precedente invocado; toda vez, que omitió referirse a un cuestionamiento que fue reclamado en la formulación del recurso de apelación restringida; en cuyo efecto, le corresponde emitir nuevo fallo, observando a tiempo de resolver el presente punto del motivo, que es deber del Tribunal de mérito, fundamentar de manera clara, precisa y justificada la fijación de la pena, tomando en cuenta lo establecido por los arts. 37 al 40 del CP; es decir, que queda obligado a fundamentar las razones del porqué de su aplicación; debiendo también fundamentar si decide agravar; ponderando y justificando las atenuantes y agravantes para establecer la pena dentro de los límites legales, exigencia que alcanza también a lo relacionado con la imposición del quantum de la pena, la que debe estar debidamente fundamentada atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito, ello con la finalidad de crear certeza y certidumbre en el imputado de las razones por las cuales la autoridad jurisdiccional determinó tal o cual pena en su condena, en observancia del principio de seguridad jurídica y de cumplir con el deber de fundamentación de las resoluciones; aspectos, que no fueron observados por el Tribunal de alzada; toda vez, que omitió su pronunciamiento, constituyendo defecto absoluto no susceptible de convalidación