Auto Supremo AS/0708/2019

Señala también, que la compensación de cotización, es el reconocimiento del Estado Plurinacional de Bolivia a los asegurados por los aportes efectuados al Sistema de Reparto hasta el 30 de abril de 1997, financiados con recursos del Tesoro General de la Nación en el marco del art. Nº 24 de la Ley 65 de Pensiones, habiendo hecho la cotización en base a la certificación presentada por el interesado. Respecto al art. 14 del DS. Nº 27543 de 31 de mayo de 20004, acredita que los documentos requeridos para una jubilación son el finiquito, boletas de pago y planillas, etc, que sean lícitamente conseguidas, al respecto se tiene que el asegurado Alberto Pérez Mejía, al momento de iniciar su trámite de compensación de cotizaciones por procedimiento manual adjuntando su certificado emitido por la unidad de cuenta individual de la gerencia de seguros de la corporación de seguro social militar de abril de 1982 a mayo de 1997, el cual mediante certificación de 25 de enero de 2018 la Armada Boliviana señala que de acuerdo al memorándum de 31 de diciembre de 1982 fue dado de baja de la institución naval por no ser necesarios sus servicios, y por memorándum de 15 de marzo de 1983 fue reincorporado a la Armada Boliviana pero en el grado de Alferez Técnico, por lo que la compensación de cotizaciones es de Bs. 894,44 .CONSIDERANDO III:
Fundamentos jurídicos del fallo
Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, para su resolución es menester realizar las siguientes consideraciones:
La Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, crea un nuevo modelo de Estado, estructurado a partir del pluralismo, de ahí que el preámbulo de la Constitución, concibe que la construcción del nuevo Estado, está basada en el respeto e igualdad entre todos, dentro de los principios de complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica política y cultural de los habitantes del estado boliviano y en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud, vivienda y seguridad social para todos; valores supremos que al estar insertos en la parte dogmática de la Norma Fundamental, determinan el contenido no sólo de su parte orgánica, sino también de la normativa infra-constitucional que deberá ser plasmada, interpretada y aplicada bajo los alcances de estos valores y principios rectores. En este contexto, el texto constitucional también establece la aplicación directa de los derechos fundamentales, así lo señala el art. 109.I de la CPE, entre los cuales se encuentra precisamente el derecho a la Seguridad Social