QUEJA 258/2022. SUBDIRECTOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO A LA OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE SALUD FEDERAL. 17 DE JUNIO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CLAUDIA ALEJANDRA ALV

"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado."

O, incluso, de oficio, pero siguiendo el trámite de la suspensión a instancia de parte, en los casos de extradición y siempre que se trate de algún acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, según lo prevé el artículo 127 de la ley en consulta.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido de manera reiterada(8) que la existencia de esta regulación diferenciada obedece, por lo que hace a la suspensión de oficio y de plano, a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, como la vida, la libertad o la integridad personal, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo.

En los demás casos, ante la ausencia de este riesgo de consumación irreparable de la violación a derechos fundamentales de especial relevancia, la suspensión procede a petición del quejoso.

Además, de acuerdo con la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la Constitución y la interpretación teleológica subjetiva de ese precepto, cuando la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, el principal presupuesto de procedencia u otorgamiento al que debe atender el órgano de amparo es el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, pues es este "juicio de ponderación" la nueva base fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora.(9)

En relación con esto último, conviene tener presente que la "apariencia del buen derecho" ya ha sido definida previamente por el Alto Tribunal –inclusive, así lo reconoce el Órgano Reformador de la Constitución en la exposición de motivos– y al efecto ha dicho, en síntesis, que la apariencia del buen derecho es un juicio de probabilidad o verosimilitud de la existencia del derecho alegado por la parte quejosa mediante el examen preliminar que se hace del fondo del asunto; de tal modo que conforme a un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado.

En ese sentido, bajo la nueva regulación del juicio de amparo, en lo concerniente a la suspensión, se privilegia la discrecionalidad de los juzgadores en materia de amparo; de modo que, en principio, todo acto reclamado es susceptible de ser suspendido (con las excepciones expresas que establezca la Ley de Amparo, como por ejemplo, las referidas en los artículos 128 y 129) y esto deriva directamente del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, pues como lo expuso el legislador en el proceso de creación de la actual Ley de Amparo, "la necesidad de acudir al proceso para obtener la razón, no puede perjudicar a quien tiene la razón." (Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación; de Estudios Legislativos, Segunda, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dictamen, Cámara de Origen (Senadores); publicado en la Gaceta Parlamentaria 288 el 13 de octubre de 2011).

Ahora bien, una lectura sistemática de los artículos 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo que regulan la suspensión del acto reclamado, también pone en relieve que el Juez de amparo, para determinar si un acto en específico debe o no ser suspendido, en vez de atender a requisitos rígidos derivados de la ley, deberá realizar una ponderación entre distintos elementos como son la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención a disposiciones de orden público.

Efectivamente, acudiendo a la mencionada interpretación sistemática también es posible arribar a la conclusión de que lo relevante para resolver si se concede o no la suspensión respecto de un acto de autoridad concreto es que se actualicen los presupuestos consistentes en la apariencia del buen derecho, ponderado con la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.

Es decir, el nuevo diseño normativo de la suspensión en el juicio de amparo presenta un cambio sustancial en comparación con la forma en que se encontraba regulada la suspensión en la Ley de Amparo abrogada, pues ahora conforme a la Ley de Amparo vigente, la suspensión puede tener dos clases de efectos: