SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1846/2004-R

Sin embargo, debe hacerse una distinción entre el honorario fijo y el porcentaje de la cuantía establecidos en el Arancel, conforme a lo siguiente: 1. la regulación y el pago del honorario fijo al causídico corresponderá en todos los casos en que concluya el proceso penal, en la etapa correspondiente, en mérito al trabajo profesional desarrollado y el cobro de su parte podrá hacerlo de forma inmediata; 2. en cambio, el 10% sobre la cuantía, partiendo de la interpretación del valor justicia proclamado por nuestra Constitución, debe ser cobrado cuando se haya logrado la recuperación efectiva de los daños y perjuicios, correspondiendo sólo en ese caso y si se logra la reparación de los daños y perjuicios en forma total,  la orden de pago del 10% sobre la cuantía, pero si la recuperación es parcial, el 10% será cobrado sólo sobre el monto realmente recuperado; un cobro del porcentaje sin tomar en cuenta el aspecto antes anotado, rompería todo principio de proporcionalidad que es ínsito al valor justicia, consagrado en el art. 2 de la CPE.

Pues, como se precisó anteriormente, una interpretación contraria, vulneraría, por un lado, la dignidad de la persona, por cuanto el cliente, sometido a cobros desproporcionados por los servicios profesionales prestados, se convertiría en un medio para la consecución de ventajas económicas; por otro, el principio de razonabilidad, toda vez que la regulación de honorarios en forma desproporcionada, sin atender a la relación entre el trabajo desplegado y los resultados obtenidos, determinaría que el cliente se vea obligado a cancelar el porcentaje de la cuantía sin haber recuperado el monto de los daños y perjuicios.  Ambos aspectos, importan violación al valor superior justicia que informa el derecho positivo, que en su dimensión orientadora determina que sean ilegítimos aquellos actos que obstaculicen la consecución del valor justicia, y en su dimensión crítica, permite al órgano jurisdiccional, más aún constitucional, establecer si las resoluciones o actos impugnados están conformes con este valor constitucional.

En consecuencia, se constata que la autoridad judicial recurrida, no ajustó su interpretación a las reglas que presiden la misma: 1. que no se reduzca al precepto aislado, sino al contexto de las demás normas con las que se conecta, esto es, una interpretación sistemática, y 2. que la misma se ajuste a los principios y valores de la Constitución; pues, como se tiene establecido, la justicia, como valor superior, al tener un significado de núcleo básico e informador de todo el ordenamiento jurídico, preside la interpretación y aplicación de las normas que debe ser realizada por las autoridades y jueces, buscando la efectiva concreción de ese valor; aspectos que no fueron considerados en el caso analizado, pues la interpretación se basó únicamente en el art. 80 de la LA y en lo normado por el Arancel Mínimo del Colegio de Abogados; habiéndose omitido extender la labor interpretativa a las demás normas con la que se vincula y guarda relación el precepto (interpretación sistemática); entre ellos, el Código de ética profesional de la abogacía, y el valor justicia, consagrado por el art. 1.II de la Constitución; existiendo, por tanto, la amenaza inminente de restringir el derecho propietario de la actora, lo que determina la procedencia del presente recurso de amparo constitucional.