SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0065/2004

Corresponde señalar que este Tribunal, a través de su amplia y uniforme jurisprudencia, ha definido la seguridad jurídica como "la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio"; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley y la consiguiente motivación de la resolución” (SC 0753/2003- R, de 4 de junio).  En ese marco, la Ley 2626 establece un Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional de regularización de adeudos tributarios que tiene como objetivo, regularizar obligaciones tributarias correspondientes a gestiones anteriores, mediante la exoneración, una de las formas de extinción de obligaciones tributarias prevista en los arts. 51 del CTb y 58 del CTB, de intereses y sanciones, de tal forma que los deudores tributarios que se acojan a él, solamente cancelen el monto del tributo omitido actualizado a la fecha de pago mediante una de las tres modalidades establecidas en la norma: 1) la primera referida al pago al contado de la obligación tributaria, que incluso puede ser rebajado en un 10%; 2) la segunda, mediante la concesión de un plan de pagos de hasta 5 años con la aplicación de una tasa de intereses del 5% y, 3) la tercera, mediante el pago de un monto presuntivo calculado sobre las ventas brutas declaradas de las cuatro últimas gestiones (1999 a 2002).