SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1316/2004-R

III.2    Dicha línea jurisprudencial debe ser aplicada a la problemática que se analiza, no sólo por tratarse de situaciones fácticas similares, sino además porque el precedente citado emerge de un recurso interpuesto por otro cadete que figuraba en la misma lista de quienes fueron dados de baja definitiva según Orden del Día 221/203 de 2 de diciembre, siendo que en el presente caso, al igual que en aquel, se sustento la determinación en el art. 49.B del Reglamento de Evaluación del Comportamiento y Régimen Disciplinario de la ANAPOL, el que conforme se tiene establecido ut supra se encuentra derogado en virtud al principio lex posterior derogat priori, por lo que al haberse aplicado al recurrente un reglamento que ya no se encuentra vigente se ha vulnerado su derecho a la seguridad jurídica, entendida como la garantía de la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de las autoridades pueda causarles perjuicio (SSCC 287/1999, 1812/2003-R, 0216/2004-R, entre otras).

           De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se evidencia que el recurrente reprobó en examen de segundo turno (desquite) la asignatura de sociología general, por lo que conforme al numeral IV-4.5. del SEP, le asistía el derecho a una segunda opción repitiendo en la próxima gestión la materia reprobada y sólo en el caso de que volviese a reprobar en esa segunda opción correspondía su baja definitiva del instituto, por lo que la determinación adoptada en contra del actor lesiona también su derecho a la educación previsto por el art. 7.e) de la CPE, lo que amerita la tutela inmediata que brinda el amparo constitucional, máxime cuando habiendo ocurrido ante instancias superiores como el Director Nacional de Instrucción y el propio Comandante General de la Policía Boliviana no fueron atendidos sus reclamos