SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0002/2005

III.3.   En la problemática planteada, se tiene que el conflicto se ha suscitado dentro de un proceso de saneamiento simple a solicitud de Hernán Montaño Rojas, Secretario General de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Andrés Ibáñez, que derivó en la Resolución Administrativa DD SC 074/2003 de 27 de octubre, así como en la Resolución Instructoria RI.27-10-069/2003 emitidas por el INRA de San Cruz; a través de las cuales, en cumplimiento a las normas previstas por el art. 150 del Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, priorizó el saneamiento simple de oficio del Polígono 8 del departamento de Santa Cruz, que comprende, entre otros, el predio denominado “El Pacay”; y aplicando los preceptos del art. 170 del mencionado Reglamento, dio inicio al proceso de saneamiento de la propiedad aludida, intimando a los propietarios, subadquirentes, beneficiarios y poseedores de los predios ubicados en el polígono priorizado, se apersonen al proceso.

Iniciado el saneamiento simple, se apersonaron por un lado, los representantes de la Cooperativa de Cañeros Villa Barrientos, solicitando ser tomados en cuenta para la regularización de su propiedad; y de otro lado, Edwin Loureiro Christie, quien planteó la declinatoria de competencia del Director Departamental a.i. del INRA, porque en su calidad de propietario del fundo rústico “El Pacay” inició un proceso ordinario de resolución del contrato por el cual el 23 de noviembre de 1993 transfirió esa propiedad a quienes pretendían el saneamiento y la regularización de su derecho propietario, proceso que culminó con Sentencia que declaró la resolución del contrato, por tanto el proceso de saneamiento resultaría contrario a la Sentencia lograda en la vía civil, pues titularía los derechos de las personas que solicitaron el saneamiento sobre sus terrenos, cuando esos derechos fueron declarados resueltos por la Sentencia civil.