SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0197/2005-R

         La jurisprudencia constitucional ha definido conceptualmente esta función del Juez penal, cuando en la SC 0302/2003-R, de 19 de marzo, ha señalado que: “la autoridad jurisdiccional debe cuidar que la investigación se lleve conforme a las normas del procedimiento, en este entendido, dicha función no simplemente se circunscribe a darse por comunicado de la investigación sino que ante la denuncia ya sea del denunciado, de la víctima o parte civil sobre actos que impliquen la amenaza, restricción o supresión de derechos y garantías constitucionales debe reparar la lesión, en esto radica esencialmente, entre otras, la función que se le otorga a los jueces de instrucción en los arts. 54-1) CPP con relación a los arts. 279 y 289 CPP”. (las negrillas son nuestras); pues según la norma prevista por el art. 44 del CPP el juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas; y conforme a lo que dispone el art. 54.1 de la referida Ley procesal, corresponde al Juez de Instrucción el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en el mismo Código de procedimiento penal.

         De manera que, conforme a lo referido, la vía idónea en la cual el imputado puede hacer valer sus derechos fundamentales o garantías constitucionales lesionados, especialmente el derecho a la libertad física, es el procedimiento a sustanciarse ante la jurisdicción ordinaria, a reclamo expreso formulado el titular del derecho vulnerado. Al respecto, este Tribunal Constitucional, modulando su jurisprudencia anteriormente establecida, mediante la SC 181/2005-R, de 3 de marzo, ha establecido que: “(…) todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión  de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdiccional ordinaria  aludidos.”.